El martes pasado, el candidato López Obrador presentó en cadena nacional su más reciente propuesta económica, a la que llamó “Programa al Ingreso Familiar”. Básicamente ofrece aumentar, hasta en un 20%, el ingreso familiar disponible para aquellos individuos que ganan por debajo de 9 mil pesos hasta en un 20%, estimando que este beneficio se extienda aproximadamente a 18 millones de familias. Adicionalmente, puntualizó que planea lograrlo mediante la reducción de tarifas y costos básicos, así como el otorgamiento de complementos en efectivo al ingreso y beneficios de programas sociales.

El programa se complementa con el otorgamiento de la pensión universal para los adultos mayores, útiles escolares gratuitos para los alumnos de primaria, reducción del precio de la gasolina y la electricidad, junto con el incremento del gasto en programas sociales. López y sus asesores en materia económica justifican el gran impacto que generarán estas medidas en las finanzas públicas del país (de aproximadamente 80 mil millones de pesos) con su política de recorte de gasto corriente del Gobierno Federal, en especial la reducción de sueldos de funcionarios y la disminución de burocracia “equivalentes a 100 mil millones de pesos”.

La propuesta suena muy atractiva y convincente para aquellas personas potencialmente beneficiadas, sin embargo, como todas las propuestas hasta ahora presentadas por dicho candidato, carece de fundamento y viabilidad financiera. En lugar de generar el círculo virtuoso de mayor ingreso y crecimiento económico, el resultado a mediano y largo plazo será precisamente lo contrario. Vayamos por partes.

A lo largo de la campaña electoral, AMLO se ha manifestado por “cambiar el modelo económico vigente” en nuestro país. Pues bien, la propuesta planteada la semana pasada mucho nos dice del nuevo “modelo” económico que quiere implementar en México de ganar las elecciones el 2 de julio.

En primer lugar, el esquema presentado para mejorar el bienestar de las familias de menores recursos económicos parte de un esquema de distribución de la riqueza y no de la generación de ésta. Cualquier mediano estudiante de introducción a la economía sabe que una política de redistribución de la riqueza -y no de generación- en nada ayuda a mejorar sostenidamente la calidad de vida de las personas ya que genera distorsiones en los precios relativos y en la asignación de los recursos productivos, lo que finalmente trae una mayor inequidad.

Segundo, se trata de una simple transferencia de recursos de un sector de la economía (en este caso el gobierno, los funcionarios públicos) a otro (las personas). Lo que tendrán de más los que ganan menos de 9 mil pesos lo tendrán de menos quienes trabajan en el gobierno. No hay creación de riqueza alguna.

Tercero, está probado y comprobado que los subsidios indiscriminados, como disminuir el precio de los energéticos, son regresivos, pues benefician más a los que más consumen esos productos, que son los de más altos ingresos. Además, el aumento en la cantidad demandada de dichos bienes generará desabasto, mercados negros, desincentivo a la producción y desempleo. Adiós al efecto “cascada”.

Cuarto, existe una falacia económica (como excelentemente lo expuso en este mismo sitio el Profesor Damm, ver http://www.asuntoscapitales.com/articulos/articulos.asp?id=2&ids=2&idss=5&ida=892) en la ecuación de su proyecto en el que más ingreso es igual a mayor consumo, que equivale a mayor producción, más empleos y crecimiento económico en general. Aquí, el error en el que cae AMLO y sus asesores económicos es que efectivamente mayor ingreso genera mayor consumo, pero hay que aclarar que mayor consumo no necesariamente genera mayor producción y mayor empleo (sobre todo cuando se plantea un incremento en el ingreso disponible que no viene acompañado de un aumento en la productividad o de la generación de bienes y servicios). La relación causal (según la teoría económica y la evidencia empírica) es producción-empleo-ingresos-consumo, ninguna otra.

Quinto, no es posible afirmar que el gasto corriente del sector público sea un desperdicio, en especial cuando el 70% de éste se dedica al pago de maestros, personal médico, fuerzas armadas, policías y tribunales. El aumento que ha observado el gasto corriente durante la administración del Presidente Fox ha estado asociado precisamente a funciones de desarrollo social y económico. En cambio, el gasto corriente en funciones de gobierno se redujo 2.8% real entre 2004 y 2005.

En sexto lugar, he aquí algunos números que López debió haber tenido en mente antes de hacer, otra vez, el ridículo en cadena nacional:

·         De acuerdo con las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2006), el impacto total de reducir a la mitad las percepciones de todos los niveles de mando (sin plazas de enlace) en las Secretarías de Estado sería, a lo mucho, de 6.3 mil millones de pesos (incluyendo el costo del seguro de separación individual).

·         Tal reducción, sin embargo, impactará negativamente las finanzas públicas dado el menor pago de ISR y de aportaciones al ISSSTE del gobierno federal. Habría una pérdida de ingresos de alrededor de 3.4 mil millones de pesos.

·         Por lo tanto, el ahorro neto sería de alrededor de 2.9 mil millones de pesos.

·         Más aún: Para no alterar la estructura básica del tabulador una vez que se reduzcan a la mitad las percepciones de los mandos superiores -incluyendo al Presidente de la República-, habría que modificar los niveles más bajos del tabulador. Así, por ejemplo, mientras que los 1,260 mandos superiores (como Presidente, Secretarios de Estado, Directores, etc.) perderían el 50% de su ingreso, la pérdida salarial de los 24 mil mandos medios (como Jefes de Departamento) sería de alrededor del 57%.

·         El resultado es que la percepción neta de poco más de 19.5 miles de servidores públicos (Subdirectores de área y Jefes de Departamento) se ubicaría por debajo de los 10 mil pesos mensuales.

Séptimo, aun suponiendo que López Obrador pueda contar con los 100 mil millones de pesos, hay que considerar que:

·         Una pensión alimentaria de 700 pesos mensuales para todos los adultos mayores del país (3.6 millones) costaría 30 mil millones de pesos en 2007. (En 2020, el costo sería de 50 mil millones de pesos (de 2005) dada la tendencia generacional.)

·         Las becas a los discapacitados pobres costarían 15 mil millones de pesos y se atendería a 1.8 millones de personas. En total, suman 45 mil millones de pesos para atender a 5 millones de personas. (Nota: El programa Oportunidades atiende a 25 millones de personas con 31 mil millones de pesos.)

·         La propuesta del seguro universal de salud (asegurar a 48 millones de personas) costaría 19 mil millones de pesos. Construir 200 preparatorias y 30 universidades públicas, así como mantener a 700 mil estudiantes costaría 123,540 millones de pesos por año.

·         Tan solo Lo anterior suma 188.5 miles de millones de pesos por año; no incluye, claro, los trenes bala, los parques de diversiones, los subsidios al campo y a los energéticos, los útiles escolares, las nuevas refinerías, etc.

No me sorprende que López no se haya percatado de esto. De hecho, y dicho con todo respeto, dudo que siquiera lo entienda (conociendo su historia académica), ¿pero su asesor económico y posible Secretario de Hacienda? En fin, parece que las cosas siguen sin cuadrar, no sólo en cuestión de simple lógica económica sino también en terrenos de aritmética elemental. Lamentable.

Dado que, en términos prácticos, 2.9 nunca es igual a 100, ¿de dónde estarán pensando realmente obtener esa diferencia?

El asunto es para ponerse a temblar…