AMLO ha dicho que no habrá gasolinazos, lo cual dependerá, parece ser, de qué se entienda por gasolinazo.

Carlos Urzúa, refiriéndose a los precios de las gasolinas, dijo que “no puede haber movimientos abruptos”, y añadió que están “pensando en incrementar(los) cada año conforme a la inflación”, por lo que, de decidirse a favor de tales incrementos, y aceptando que habrá inflación, habrá aumentos en los precios de las gasolinas, pero no necesariamente gasolinazos, sobre todo si por tal entendemos alzas abruptas en los mismos, entendiendo por abruptas, remitiéndome al diccionario para definirlo, alzas ásperas, violentas, rudas o destempladas, todo lo cual (y ahora no hago más que interpretar lo dicho por Urzúa) puede sintetizarse en alzas considerables e inesperadas.

Al margen de definiciones (¿qué debe entenderse por “gasolinazo”?) y de interpretaciones (¿qué quiso decir Urzúa con “movimientos abruptos” en los precios de las gasolinas?), todo indica que sí aumentarán los precios de los combustibles, y que esos aumentos los determinará, en función de la inflación, el Gobierno Federal, lo cual, de entrada, plantea esta pregunta: ¿y si ese aumento no alcanza para compensar, suponiendo que fuera el caso, el aumento en el costo (ojo: costo, no precio) de las gasolinas, ya sea por incrementos en el precio del petróleo (precio que ha venido aumentando) y/o por aumento en el precio del dólar (cuya tendencia a largo plazo es a la alza) y por ello en el precio de las importaciones (más de la mitad de la gasolina que consumimos es importada), o si no es suficiente, suponiendo un aumento en la demanda y/o reducción en la oferta, para equilibrar el mercado?

Más allá de estas preguntas, y de sus respuestas, hay que hacer otras dos. Primera: ¿quién debe determinar el precio de las gasolinas? Segunda: ¿qué se requiere para que, siendo el precio la principal variable de competitividad de los oferentes, haya competencia  en materia de gasolinas? Primera respuesta: los gasolineros, no el gobierno. Segunda respuesta: que el precio lo determinen los gasolineros, no el gobierno.

Todo apunta a que será el gobierno, y en concreto la Secretaría de Hacienda, quien determinará los precios de las gasolinas, lo cual puede hacer buscando uno de dos fines. Primero: beneficiar al consumidor, para lo cual debe fijar el precio por debajo del precio de mercado, para lo cual debe subsidiarlo, utilizando para ello los impuestos. Segundo: beneficiar al gobierno, que cobra impuestos por la venta de gasolinas, por lo que, ceteris paribus, a mayor precio mayor recaudación.

Cualquiera de las dos opciones es incorrecta. El precio debe determinarse de tal manera que la oferta iguale a la demanda, para lo cual debe determinarse por la interacción entre oferentes y demandantes, sin la intervención del gobierno.