Carlos Urzúa, propuesto para ser el futuro Secretario de Hacienda, hizo la semana pasada dos declaraciones. La primera en relación a la inflación para el próximo año y la segunda respecto del precio de la gasolina. Veamos primero la de la inflación.

Después de haberse incrementado durante 2017 como resultado en gran medida del ajuste de una vez por todas en el precio de la gasolina, durante los últimos meses la tasa de inflación ha mostrado una clara tendencia decreciente, situándose actualmente en alrededor de 4.5% y con la expectativa de que se reduzca aún más, para situarse a fines de este año en alrededor de 4%. Inclusive, diferentes analistas del sector privado esperan que para el próximo año ésta se aproxime a 3.5%, misma que se fortalece por la evolución reciente del tipo de cambio, por lo que de materializarse se situaría dentro del rango objetivo del Banco de México (3% +/- un punto porcentual).

Es en este escenario que el futuro Secretario de Hacienda, sin mayor explicación de por  medio, señaló que la inflación para el próximo año sería de entre 4 y 5%. Esta declaración no es neutral viniendo de quien la realizó sobre todo por las expectativas que genera y su impacto sobre el nivel y la estructura temporal de tasas de interés. Si en el mercado financiero se le da credibilidad a tal declaración, es de esperarse que las tasas de interés se ajusten al alza, sobre todo las de corto plazo. Además, dado que ello iría en contra del objetivo de inflación del Banco de México, sería esperado que éste respondiera con aumentos adicionales a su tasa de interés objetivo a un día y que actualmente se sitúa en 7.75%, a menos de que el futuro funcionario espere que el instituto central valide tal mayor inflación (violentado implícitamente la autonomía del Banco para determinar la política monetaria).

El incremento de las tasas de interés obviamente acarrearía costos, particularmente para todos aquellos que sean deudores, resaltando el sector público, lo cual dificultaría el ajuste requerido en el gasto gubernamental para financiar programas prometidos por el propio López Obrador como las becas de aprendizaje para jóvenes y la universalización (y duplicación) de las pensiones para adultos mayores.

La otra declaración concierne al precio de las gasolinas. Urzúa indicó que a futuro éste se mantendría en términos reales, aumentando únicamente en lo que sea la tasa de inflación. Aquí hay tres comentarios relevantes. Primero se establecería un control exógeno y máximo de este precio lo cual tiraría por la borda lo que se ha alcanzado en la competencia entre diferentes empresas poseedoras de gasolineras y que claramente ha beneficiado a los consumidores.

Segundo, dado que México es un importador neto de combustibles (y aunque no lo fuera) es erróneo desligar el precio interno del internacional. Si por condiciones de mercado el precio internacional de la gasolina aumentase por arriba de la tasa de inflación interna, para evitar que el precio doméstico aumentase habría que reducir el IEPS que se aplica sobre este bien, pudiendo inclusive llegar a que éste se volviese negativo, es decir subsidiar la gasolina con todos los efectos negativos que ello acarrea.

Tercero, el esquema anunciado de ajustar el precio de la gasolina a la inflación observada es una indización ex post y lo que hemos aprendido es que nunca hay que indizar precios claves en la economía como salarios, tipo de cambio o precios de los combustibles ya que introduce una rigidez en la economía y le pone un piso a la propia inflación, con los costos reales que esto implica.

Extrañas declaraciones, sin duda.