Una de las promesas de campaña de López Obrador y sobre la cual ha insistido, es mover a diferentes ciudades del país a la mayor parte de las secretarías de Estado (incluidas cuatro que serían nuevas; ¡más burocracia!) así como otras dependencias y empresas gubernamentales, particularmente Pemex y la CFE, permaneciendo únicamente en la Ciudad de México las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa y Marina. El argumento utilizado es que con ello se le daría un impulso al crecimiento de las diferentes entidades a través, principalmente, del gasto en la nómina de los empleados del sector público federal. Hay propuestas sin sentido y ésta, una que acarrea costos mucho mayores que los potenciales beneficios. Hay varios puntos que vale la pena señalar.

Uno, la unidad familiar. ¿Qué sucederá si en un matrimonio ambos trabajan y trasladan a uno de ellos? ¿El otro tendría que renunciar esperando encontrar trabajo en su nuevo destino,  optarían por la separación o el empleado público a quien se quiere trasladar renunciaría y buscaría otra chamba en la Ciudad de México? ¿Qué sucedería si hay hijos en la familia estudiando en diferentes grados, por ejemplo uno está en la universidad y otro en un grado inferior? ¿Uno de los cónyuges se quedaría con el universitario o dejarían a éste solo en la Ciudad de México teniendo que cubrir sus gastos de manutención? Muchos escenarios posibles que pueden llevar a romper la unidad familiar.

Dos, la infraestructura urbana. Se plantea trasladar las dependencias a ciudades de tamaño medio. Recibir en un plazo breve a miles de nuevos pobladores (los empleados y sus familias) ejercería una fuerte presión sobre la infraestructura de las ciudades receptoras en diferentes ámbitos como vivienda, edificios de oficinas, servicios educativos y de salud, transporte público, agua potable y saneamiento, electricidad, servicios de limpia, etcétera. Las ciudades elegidas simplemente no tienen la infraestructura requerida para enfrentar un choque de esta magnitud. ¿Cómo se financiaría la expansión?

Tres, el choque sobre la propia Ciudad de México en dos ámbitos. Uno, se reduciría la congestión que actualmente existe, un efecto positivo. Pero dos, un choque negativo en el sector inmobiliario, tanto en el precio de las viviendas como en el valor de las oficinas que actualmente arrienda el gobierno federal. Y en particular, ¿el burócrata trasladado poseedor de una vivienda en la Ciudad de México o en el área conurbada tendría que venderla posiblemente experimentando una pérdida de riqueza?

Cuatro, el efecto sobre proveedores de servicios en la Ciudad de México, quienes experimentarían una caída en la demanda que enfrentan. En particular, ¿qué se haría con profesores y empleados del sector salud en el sector público que ahora atienden a miles de empleados públicos y a sus familias? ¿Serían también reubicados? ¿Qué se haría con las instalaciones el ISSSTE en la Ciudad de México?

Cinco, la operación misma del gobierno y su efecto sobre el sector empresarial privado. Aunque cada dependencia en su operación corriente es independiente de las demás, existen diferentes ámbitos que requieren coordinación intersecretarial; ¿cómo se haría? ¿Secretarios y subsecretarios mantendrían una oficina en la Ciudad de México y estarían viajando continuamente con los costos que ello implica? Y, por otra parte, el impacto sobre el sector privado; por la maraña regulatoria las empresas requieren realizar diferentes trámites en diversas dependencias federales. ¿Tendrían que peregrinar de ciudad en ciudad, se reduciría la tramitología o se avanzaría para hacer todo trámite por internet?

Seis: ¿cuánto costaría?

Por estas y otras razones más, desperdigar el gobierno es una muy mala idea. Si se busca un desarrollo regional más equilibrado, hay formas más eficientes y eficaces para logarlo.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.