AMLO no tiene la intención de recortar el gasto del gobierno, sino de recortar el gasto en X para poder gastar más en Y, y ya tenemos una idea clara de en dónde pretende dar menos y en dónde pretende dar más: menos gasto corriente y más gasto social (para satisfacer necesidades) y en inversión (para impulsar inversiones directas del sector privado).

Llama la atención lo señalado, en su cuenta de Twitter, por Bernardo Altamirano, exprocurador federal del consumidor: “No entiendo cómo AMLO en todas las reformas que propone para combatir la corrupción deja intacto el financiamiento público de partidos”. Me sumo a lo dicho por Altamirano: no comprendo por qué, en su afán de recortar ciertos gastos, AMLO no ha dicho esta boca es mía con relación a los partidos políticos, a los que el gobierno nos obliga, por la vía del cobro de impuestos, no a financiar sino a subsidiar, ¡algo muy distinto!, lo cual, para empezar, resulta poco ético: el gobierno, cobrándonos impuestos, nos obliga a entregarle parte del producto de nuestro trabajo, y de ello toma un parte para subsidiar a partidos políticos con los que podemos no estar de acuerdo. El gobierno nos obliga a hacer, como contribuyentes, lo que, como ciudadanos, probablemente no estaríamos dispuestos a hacer: darle dinero a los partidos políticos. El gobierno redistribuye ingreso a favor de los partidos.

¿Por qué el gobierno obliga a los contribuyentes a hacer lo que, como ciudadanos, probablemente no estarían dispuestos a hacer: desembolsar dinero a favor de los partidos políticos? Porque en el artículo 41 la Constitución Política de los Estados Unos Mexicanos se define a dichas organizaciones como entidades de interés público, mismas que, precisamente por ser de interés público, tienen derecho a recibir recursos que les permitan operar a favor de dicho interés, recursos que salen del bolsillo de los contribuyentes.

Según lo establece la Constitución, cualquier entidad de interés público, y los partidos políticos son considerados (¿realmente lo son?) entidades de interés público, tiene derecho al subsidio gubernamental. Supongámoslo sin conceder y preguntemos, ¿a cuánto debe ascender dicho subsidio? Por el momento no cuestionemos el derecho de los partidos políticos a recibir subsidio, y limitémonos a preguntar si el subsidio que reciben es poco, suficiente o mucho, pregunta que nos lleva a esta otra: ¿cuál es la fórmula correcta para decidir qué monto de subsidio es el adecuado para los partidos políticos? La fórmula constitucional, ¿lo es?

El año que entra Morena recibirá, por concepto de prerrogativas, 1 mil  557 millones de pesos, 4.3 millones diarios, 178 mil por hora. ¿Poco, suficiente, mucho?

Por lo pronto llama la atención que en su afán de reasignación de gasto, quitarle a X para darle a Y, AMLO no contemple a los partidos políticos. ¿Por qué será?