Autodenominarse liberal significa considerar que el libre albedrío de los individuos en la búsqueda de su bienestar personal, conlleva a soluciones óptimas para la sociedad, por lo que no se requiere de intervención gubernamental alguna. Ahora bien, si alguna razón existe para la oposición a la intervención gubernamental en aquellos asuntos que no le compete, ésta debe de ser expuesta de la manera más clara y coherente posible.

Debe de recordarse por encima de todo, que ser liberal no significa por definición ser anti-gobierno; sin embargo, se tiende a pensar que el aspecto más característico del pensamiento liberal lo constituye la oposición contra el aparato estatal. Oponerse al gobierno solo porque sí no ha sido jamás la intención de aquellos autores y pensadores que se han autodenominado liberales. Es más, visto desde la pureza del liberalismo clásico, el Estado es un bien por el que debemos pagar -pues nada es gratis en este mundo-, entendiendo claro, que las funciones del Estado se enmarcan, también, dentro del puro liberalismo clásico.

Tanto el ámbito abstracto que denominamos mercado, así como la estructura política que llamamos gobierno, están, ambas, compuestas de individuos, de seres humanos finitos y falibles. Por lo cual, se desprende lógicamente que ni el mercado ni el gobierno pueden tener un desempeño perfecto; ambos, mercado y estado, son sistemas imperfectos, como todo lo humano.

Es entonces, en este marco de imperfección natural, que debe de seleccionarse el mejor mecanismo para coordinar las acciones sociales. Los teóricos liberales sostienen que los mecanismos de mercado operan apropiadamente si se les da oportunidad y tiempo para hacerlo; lo cual quiere decir que el margen de imperfección, aunque existente, tiende a reducirse dado el carácter de apertura y de libre acción. Por el otro lado, quienes se oponen al mercado argumentan que es mucho más fácil reducir ese margen de imperfección si las decisiones socio-políticas son tomadas de manera discrecional y jerarquizada.

De tal forma que, el dilema primordial para cualquier gobernante se reduce a elegir entre el conocimiento disperso o la ignorancia concentrada. Ahora, la cuestión realmente pertinente para nosotros es, ¿cuál de estos enfoques nos ayuda más a diseñar la política económica que requerimos ahora?

Repito la pregunta de una forma más clara. Nuestro dilema a responder como hombres comunes y corrientes es, ¿qué sistema permite de manera más eficiente que podamos vivir con la confianza de que la ley estará de nuestro lado y que los impuestos que pagamos realmente nos significarán beneficios directos? ¿Qué sistema nos podrá asegurar realmente la libertad de escoger entre proveedores de servicios básicos?

Parecería que responder a tal dilema es tan simple, y sin embargo, cada seis años nos volvemos a equivocar, porque caemos en las garras de aquellos que, presumiendo de ser “hombres prácticos de política y conocedores a fondo de la realidad social” cometen los errores más infantiles, que tanto la teoría económica como política muestran.

Bien lo decía J. M. Keynes: Detrás de toda política económica se esconde la voz de un economista muerto, y podríamos agregar que cuando están equivocados son más poderosas de lo que se supone comúnmente. En realidad, entonces, no hay mejor práctica que una buena teoría.