No cabe duda que a los políticos, particularmente los que se definen como de “izquierda”, les es relativamente fácil abrir la boca y proferir barbaridad y media, sobretodo en temas económicos. Esta semana hay tres que destacan, dos por parte de MALO y otra por el diputado Heliodoro Díaz. Veámoslas y lloremos. Primero las de López, dos joyas de la ignorancia que lo caracteriza en materia económica, ambas pronunciadas durante el debate.

La primera es su afirmación de que establecería precios de garantía en la agricultura y, aunque no dijo a qué bienes, uno pondría suponer que se tratarían al menos del maíz y el fríjol. La razón de ser de un precio de garantía, establecido obviamente por arriba del que rige libremente en el mercado, tiene por objetivo aumentar el ingreso de los productores. Esta política sin embargo es notoriamente distorsionante y costosa. Al establecer el precio de garantía, existen los incentivos para que los agricultores reasignen su tierra para producir el bien que recibe el apoyo, reduciendo la producción de otros bienes. Un primer costo de esta reasignación es que se abandona la producción de bienes que tienen un alto valor agregado por unidad de tierra empleada para producir bienes de bajo valor agregado, por lo que el valor agregado total producido en la agricultura se reduce, cayendo con ello el ingreso total de los agricultores. El segundo costo es que se desaprovechan las ventajas comparativas que se tienen en la agricultura, por lo que las exportaciones agrícolas, las de alto valor agregado, caen. El tercer costo es el que se deriva de tener que crear una agencia gubernamental que esté obligada a comprarle a los productores del bien que tiene el precio de garantía toda la cantidad que se le ofrezca y venderla a precios menores que los de garantía, con un obvio costo fiscal. Por ser tan distorsionante y costosa, esta política fue abandonada y sustituida por apoyos directos al ingreso de los productores a través de PROCAMPO.

La segunda barbaridad económica proferida por López fue establecer en la Constitución un “estado de bienestar”, entendido como una serie de derechos para los ciudadanos y obligatorios de proveer para el gobierno en materia económica y social, haciendo a nuestra Constitución todavía más aberrante de lo que ya es. En este “estado de bienestar” que se plasmaría en la Constitución, López incluiría los derechos a educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, entretenimiento y más. Como sería obligatorio para el gobierno proveer todo esto, simple sencillamente no habría ingresos fiscales suficientes a menos que el gobierno expropiara prácticamente todos los recursos en la economía, cayendo en un sistema comunista. En ese caso, tal vez sí habría recursos para proveer todos los bienes y servicios aunque, para que alcanzaran, la calidad tendría que ser dramáticamente mala, tal como se observó en los países socialistas de Europa del Este y se observa actualmente en Cuba así como en los servicios de educación y salud pública en México. Además, ya que estamos en esas, ¿por qué no se incluye en la Constitución el derecho que debe tener todo mexicano a ser feliz y que el gobierno esté obligado a hacernos felices?

La tercera quizás sea la barbaridad económica de la semana. El diputado Heliodoro Díaz propuso una iniciativa de ley para “nacionalizar” Telmex, argumentando que la empresa no ha instalado todas las casetas de servicio telefónico a las cuales se comprometió y que las ganancias que genera la empresa deberían llegarle a los pobres. Primer comentario: Telmex es una empresa con capital mayoritariamente mexicano, por lo que no sería nacionalización sino expropiación. Segundo comentario: la indemnización por expropiación tendría que hacerse a precios de mercado, tal como lo establecen los tratados internacionales en la materia, además de que el gobierno mexicano no tendría los recursos para pagar. Tercer comentario: si uno de los argumentos es que las utilidades generadas por Telmex deberían llegarle a los pobres a través del gobierno, ¿por qué no expropiar todas las empresas privadas? Si el diputado Díaz está tan preocupado por las enormes utilidades que obtiene la empresa por el ejercicio de su poder monopólico, en lugar de proponer tonterías, debería presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL para que regulen a la empresa, tal como lo ha establecido inequívocamente la Comisión Federal de Competencia.

Semejantes barbaridades económicas en tan poco tiempo, pocas veces.