El martes pasado hubo elecciones en EU, como cada dos años, para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435) y una tercera parte del Senado (33). Como lo predijeron las encuestas, el partido Demócrata ganó la mayoría de la primera, y el Senado se mantuvo bajo control Republicano.

¿Qué significa esto para el resto del primer período de Trump en la Casa Blanca? Que a partir de la instalación del nuevo Congreso en enero próximo la Cámara Baja puede parar cualquier iniciativa del Ejecutivo o del Senado e investigar las innumerables tropelías del Presidente.

A pesar de perder el control del Congreso, fracaso personal de Trump que pintó la elección como un refrendo a su gestión y en su soez estilo de mentir, al día siguiente de su derrota salió a proclamar una “gran victoria” al tiempo que amenazó a los diputados que en caso de iniciar indagaciones de su proceder, que él podría hacerle lo mismo a ellos.

En efecto, ahora que los comités de la Cámara de Representantes estarán controlados por la oposición al Presidente tienen el poder de iniciar pesquisas sobre sus finanzas, exigir sus declaraciones de impuestos, investigar sus nexos con Rusia y la intromisión de ese país en las elecciones, entre muchas otras.

Tendrán la autoridad para procesar a Trump, sobre todo si la investigación del fiscal especial Robert Mueller encuentra que cometió crímenes que ameriten su remoción, aunque esto último es poco probable pues el Senado sigue dominado por los Republicanos.  

Las implicaciones económicas serán menores, pues no es probable que haya cambios significativos en política fiscal, mientras que la monetaria seguirá tornándose más restrictiva, a pesar de las protestas de Trump, pues el Fed alzará la tasa de interés al menos tres veces entre ahora y junio próximos.

Puede haber acuerdo entre los legisladores de ambos partidos en impulsar un plan para gastar un billón –trillion en inglés– de dólares en infraestructura, y en programas para limitar el enorme aumento en el precio de las medicinas, sobre todo ahora que a nadie parece importarle el formidable y creciente déficit fiscal.

El actual Congreso no logró aprobar el presupuesto para 2019 por lo que el gobierno opera mediante una extensión administrativa que expira el 7 de diciembre por lo que tendrá que aprobar otra extensión para evitar que cierre el gobierno, que Trump apoya porque excluye los fondos para su muro fronterizo.

En cuanto a la política de comercio exterior, la nueva mayoría en la Cámara Baja puede proponer más medidas que “protejan” a los trabajadores de EU en el nuevo acuerdo para el TLC de Norteamérica que tienen que aprobar, y también obligar al Presidente a consultarlos para imponer nuevos aranceles.

Intentarán parar el proceso de desmontar las regulaciones en todos los ámbitos de la economía, en especial en el sistema financiero, así como la privatización de las agencias gubernamentales que patrocinan créditos hipotecarios, que jugaron un papel central en el colapso del mercado de bienes raíces en 2006.

Los Demócratas propondrán reformas migratorias que terminen con el caos prevaleciente, sobre todo por lo que se refiere a los jóvenes a quienes se les había otorgado la oportunidad de permanecer en EU, lo que será rechazado por Trump, cuya racista posición anti-inmigrantes es tajante e irreversible.

Lo que sí es previsible es que el nuevo Congreso tratará por todos los medios a su alcance, que serán muchos en su nueva circunstancia, de complicarle la vida a Trump y su familia, así como a los miembros de su administración, que serán investigados por traición, corrupción y otros “altos crímenes y delitos,” según los tipifica la Constitución, para intentar proceder a su remoción.