Ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción. Este fenómeno, que se manifiesta de diversas maneras, es sin duda muy costoso ya que actúa como un impuesto que inhibe el desarrollo económico y reduce el bienestar de la población. En el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional a México le va bastante mal. En los últimos seis años nuestra posición en este índice nos sitúa como un país notoriamente corrupto; así ha sido la evolución (lugar respecto del total de países considerados). 2012: 105/176, 2013: 106/177, 2014: 103/175, 2015: 95/168, 2016: 123/176 y 2017: 135/180. Muy mal y cada vez peor.

López Obrador ha señalado que la alta incidencia de corrupción que nos aqueja es culpa del “neoliberalismo”, aseveración sin sentido. En el último Índice, México obtiene un puntaje de 29/100, igual que República Dominicana, Honduras, Kyrgyzstan, Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia, países que están muy lejos de ser calificados como “neoliberales”. Por otra parte, los países con menor incidencia de corrupción como son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Australia y Hong Kong son simultáneamente aquellos en donde predomina un mayor liberalismo económico. En América Latina, Chile, el más neoliberal en la concepción de López Obrador, se situó en el lugar 26 con un puntaje de 67/100, mientras que Venezuela, el menos neoliberal, ocupó el lugar 169 con un puntaje de 18/100.

Un efectivo combate a la corrupción requiere de un arreglo institucional sólido, con un sistema eficiente de detección y penalización; es un problema de incentivos, de premios y castigos. La corrupción es como la Hidra, el monstruo de varias cabezas de la mitología griega y su combate no puede ser igual para cada una de éstas. Destaco tres.

Primero, la corrupción “al menudeo”: pagos al policía de tránsito para evitar una multa, al funcionario para conectar un inmueble a las redes de agua y electricidad, al que recoge la basura en los hogares, al funcionario en un cementerio municipal, al funcionario en las oficinas de control vehicular, al funcionario de una agencia del ministerio público o un juzgado y más. Todos estos tipos de corrupción, que son de difícil detección y penalización, son sin embargo uno de los tipos de corrupción más regresivos que existe ya que daña relativamente más a las familias de menores ingresos.

Un segundo es el que se deriva de una regulación excesiva, ineficiente y poco transparente de los mercados, misma que le permite a los funcionarios que las administran, actuando como buscadores de rentas, aplicarlas de forma discrecional y extorsionar a los agentes económicos privados. Dado que la detección de enriquecimiento inexplicable de esta categoría de funcionarios aunque no imposible sí es difícil y costosa, la solución es moverse hacia un esquema regulatorio más eficiente, más transparente y sin interpretación discrecional. Que prácticamente todos los permisos y licencias en los tres niveles de gobierno puedan ser tramitados por internet (como en Nueva Zelanda) es el camino a tomar.

Una tercera cabeza de la Hidra es la que se presenta en los contratos de obras y de adquisiciones públicas. Asignaciones directas, moches, sobornos, desvío de recursos hacia empresas fantasmas, etcétera, se derivan de una legislación mal diseñada que permite que este tipo de corrupción se presente. Se requiere obviamente una sólida capacidad de detección y de penalización pero no se puede obviar la necesidad de contar con leyes que hagan más difícil que se dé este tipo de corrupción.

El ejemplo de un presidente honesto no basta si no se tiene un arreglo institucional sólido y en este sentido consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción es imperativo.

*Artículo publicado originalmente en El Economista