En tiempos electorales las siguientes preguntas resultan inevitables. ¿Cómo viste a los candidatos en el debate? ¿Quién hizo las mejores propuestas? ¿Quién te gusta para presidente? ¿Por quién vas a votar? Respondo, solamente, la última pregunta: por el menos malo, es decir, por aquel que, estando las cosas como están, y tomando en cuenta el papel que el gobierno desempeña hoy, puede ser una amenaza menor a mi libertad y propiedad.

Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, es decir, de quitarle a unos para darle a otros: basta poner atención a los planes, los compromisos y las promesas de los candidatos para comprobarlo: basta analizar la naturaleza de las dependencias del gobierno y de las tareas gubernamentales, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación, para evidenciarlo. ¿Y qué supone la redistribución llevada a cabo por el gobierno? Que obliga a unos a ayudar a otros. ¿Cómo? Muy sencillo: quitándoles a los primeros parte de sus ingresos y patrimonio para dárselos a los segundos. A los primeros les cobra impuestos, a los segundos les da, o dinero en efectivo, o determinados bienes y servicios (que, dicho sea de paso, la mayoría de las veces no caen en la categoría de públicos, sino de privados).

¿Qué supone, en términos de libertad y propiedad, el que el gobierno redistribuya de unos hacia otros? En primer lugar la violación del derecho de propiedad: el gobierno obliga al contribuyente a pagar impuestos, no para que, con honestidad y eficacia, garantice la seguridad contra de la delincuencia e imparta justicia, sino para ayudar a otros. En segundo término, y consecuencia inevitable de lo primero, la violación del derecho a la libertad. Para entender esto último hay que tener presente que, sobre todo en el ámbito de la economía, la propiedad es la condición de posibilidad de la libertad, de tal manera que si se limita la primera se reduce también la segunda. Pongo un ejemplo: la libertad para consumir depende, uno, de que el consumo no esté prohibido (libertad negativa) y, dos, del ingreso sin el cual no se pueden comprar los bienes y servicios que se consumen (libertad positiva). En la medida en la que los impuestos son mayores, no solamente se limita la propiedad, al reducirse el ingreso disponible[1], sino también la libertad para consumir y, más grave todavía, la libertad para ahorrar, precisamente por la reducción del ingreso disponible. La propiedad es la condición de posibilidad de la libertad.

Ya se entiende por qué votaré por aquel candidato que represente, para mi propiedad y mi libertad (insisto, para que no quede duda, en el apócope MI) la menor amenaza, lo cual supone (como de hecho sucede) que cualquiera de los cinco resulta un peligro, de tal manera que tendré que elegir, de entre cinco males el menor.

La principal amenaza no es el gobernante, sino el gobierno, cualquier gobierno, con sus tres poderes básicos: cobrar impuestos; prohibir determinadas acciones y sancionar a quien las realice; obligar a la realización, directa o indirecta, de ciertas acciones, y sancionar a quien no cumpla. Mal usados, esos poderes degeneran en atentados contra la propiedad (en el caso del primero) y contra la libertad (en el caso del segundo y el tercero). El peligro principal es el gobierno redistribuidor, como lo son, en mayor o menor medida, todos los gobiernos hoy en día, gobiernos que, al redistribuir, atentan contra la libertad y la propiedad de aquellos a quienes obligan a ceder parte de sus ingresos y sus patrimonio, parte del producto de su trabajo, lo cual limita, también, su libertad. Va de nuevo: la propiedad es la condición de posibilidad de la libertad.

¿Cuál de los dos candidatos punteros representa, para mi libertad y propiedad, una amenaza menor? ¿Cuál de ellos representa, en estos términos, un mal menor?