VIERNES, 11 DE ENERO DE 2019
Decreto Fronterizo, un cajón de sastre

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“Si se viola una ley injusta lo único que se viola es esa ley, no algún derecho de alguien. Por el contrario, si se viola una ley justa se viola la ley y algún derecho de alguien.”
Othmar K. Amagi

Miguel A. Cervantes y Alejandro Sandoval







“La presunción es que los beneficios de las reducciones impositivas en la frontera es que éstas compensarían las alzas salariales a todos los agentes económicos. ¿Será?”


Antes de concluir el año 2018, la expectativa de un plan para apuntalar el desarrollo de la frontera norte del País era amplia. Ello se basó en una carta que del entonces recién elegido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al presidente estadounidense Donald Trump, donde con interpretación propia, le plantea crear un muro económico de contención migratoria, impulsando el salario e inversión. En general, quedó a deber mucho.

El plan fue vendido incluso con la nominación de Zona Libre y a veces Zona Franca. Presupone un gran programa que alimentaría el desarrollo de la región. El objetivo incluía generar empleos, riqueza e innovación. Incluso en la presentación del decreto, el 29 de diciembre de 2018, insistía en el lenguaje un programa de vanguardia. Pero la ilusión no duró mucho, e incluso se tiene al día, una decepción por los presuntos beneficiarios.

La nominación de Zona Franca presupone libre importación de mercancías. En la óptica del libre mercado se ve con escepticismo las zonas francas, porque discriminan a una parte de la población. Solo un enclave del País se inserta en las cadenas de valor mundiales, mientras que el resto continúa cerrado, al menos parcialmente. En economía se prefieren reducciones a las barreras al comercio de forma general, y lograr con ello beneficios generales en todo el País. Además, la aplicación real de una Zona Franca implica requerimientos de infraestructura muy costosos en una frontera de más de 3 mil kilómetros. El decreto de AMLO ni siquiera incluye el tema de Zona Franca, solo beneficios fiscales con una complejidad administrativa innecesaria.

Aunado al decreto, está el alza del salario mínimo, donde en el caso de Juárez y registro formal ante el IMSS en 2018, lo ganaban menos de 100 personas, y entre 1 y 2 salarios mínimos, lo ganan menos de 120 mil personas. La suma aproximada de registrados en IMSS ronda poco más de 400 mil, por lo que los beneficiados rondan el 30%. Por ende, las presiones salariales se darán no solo en los empleados directamente beneficiados, sino probablemente también los que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos. Y para colmo, esas alzas impulsarán el pago obrero y patronal al IMSS.

Dicha alza salarial tendrá impacto en las empresas, con énfasis en PyMes. Las empresas exportadoras podrían lograr cobertura por la depreciación cambiaria, pero particularmente las IMMEX genera al menos en esta ciudad, cerca de 200,000 empleos. Otras medianas y grandes empresas quizá tengan algo de impacto, que pudieran compensar con acceso a los beneficios si les es viable.

Otro aspecto a analizar es la temporalidad, pues el decreto será válido solo 2 años. Al no ser un proyecto gubernamental a largo plazo, no permiten proyecciones que soporten inversiones sostenidas y se presta al juego político.

La presunción es que los beneficios fiscales compensarían las alzas a todos los agentes económicos. Pero al no ser aplicables para todos, genera posibilidades de distorsión en cuanto a los impactos de alza de costos. Lo más relevante es que a los contribuyentes que posiblemente puedan acceder, les impone una serie de sobrerregulaciones, lo que a su vez acotará más el número de contribuyentes realmente beneficiados. México hoy en día ocupa el mediocre lugar 116 de 190 países en pago de impuestos según Doing Business del Banco Mundial. El decreto probablemente aumentará el tiempo de cumplimento de cada contribuyente en la región fronteriza.

Particularmente, en ISR excluye a IMMEX, servicios profesionales, Régimen de Incorporación Fiscal y otra serie de subsectores sin justificación económica ni jurídica para ello. Luego en IVA, obliga al vendedor a emplear un crédito fiscal, para cobrar 8% al consumidor, pero su cadena de suministro lo hará pagar al 16% en muchos casos, y con la eliminación de la Compensación Universal en la Ley de Ingresos 2019, generará un conflicto de financiamiento en flujo de efectivo.

En general, quedó a deber dicho decreto y claramente no va en la dirección de mayor libertad de mercado.

Naciones que aumentaron su libertad económica, han tenido mayor prosperidad. La libertad económica es mejor que ofrecer limitados estímulos a ciertos contribuyentes y ciertas regiones.

El decreto en cuestión, no lleva a la frontera norte mexicana a mayor libertad económica, ni considera las mejores prácticas mundiales fiscales y comerciales. Es un proyecto político, un amasijo de ideas con poca claridad.

• Política fiscal • “4ta transformación”

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