Las leyes son las reglas formales que guían el comportamiento y la interacción de los diferentes agentes económicos, principalmente las unidades familiares, empresas, sindicatos, órganos del Estado y el gobierno. De ahí que tener un marco legal eficiente del cual se deriven los incentivos correctos y alineados con los objetivos de una asignación eficiente de recursos productivos y de un crecimiento alto y sostenido es crucial.

Son tres las funciones del marco legal: a) definir los derechos privados de propiedad como un derecho natural; b) establecer bajo un manto de libertad individual cuáles actos están prohibidos para los agentes económicos privados y cuáles le están permitidos al gobierno; y, c) establecer las condiciones de entrada y salida de los mercados.

Tener los derechos privados de propiedad eficientemente definidos le permite a los poseedores de recursos productivos -las familias- destinarlos a aquella actividad en la cual el rendimiento esperado sea el mayor posible ya que el ingreso neto que se obtiene es el que se destina a la adquisición de bienes necesarios para satisfacer algunas de las necesidades de los miembros del hogar. Lo que en principio se busca es maximizar el bienestar conjunto de la unidad familiar.

En cuanto a la segunda función, los individuos poseedores de recursos deben ser enteramente libres de utilizarlos como más les convenga siempre y cuando en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros; de ahí que se prohíban expresamente aquellas actividades que lo harían como son el homicidio, robo, fraude, etcétera. Así mismo, en el marco legal se establecen solo aquellas actividades que le están  permitidas al gobierno, siendo esto sumamente importante para evitar actos arbitrarios del gobierno que atenten en contra de los derechos privados de libertad, condición esencial en un país democrático y liberal.

Finalmente, la tercera función es definir las condiciones de entrada y salida de los mercados de bienes, servicios y factores de la producción, procurando que éstos operen en condiciones de competencia ya que ésta es una condición para que los agentes económicos tengan la libertad para contratar y para evitar las actitudes de búsqueda de rentas por parte de las empresas (como serían las prácticas monopólicas) y de los burócratas encargados de administrar la regulación (tal como lo señalé en el artículo VII de esta serie).

Dado este conjunto de reglas, es obviamente importante que éstas se cumplan y respeten. De no ser así, es crucial contar con un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que proteja y garantice los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los violenten, incluidos los cometidos por el gobierno (de ahí la figura del amparo), así como garantizar el cumplimiento de contratos, tanto los realizados entre agentes económicos privados, como aquellos entre agentes privados y el gobierno.

¿Cómo estamos en México? En cuanto a los derechos privados de propiedad, éstos en lugar de ser reconocidos como un derecho natural, son un derecho derivado de la propiedad de la Nación. Por lo que toca a la segunda función del marco legal, los individuos son mayormente libres y sí están establecidos aquellos actos prohibidos a los particulares, pero se le otorgan al gobierno funciones que no le corresponden. Respecto de la tercera, aunque la mayor parte de los mercados de bienes y servicios operan en condiciones de competencia, no sucede lo mismo con todos los factores de la producción y, por otra parte, persisten algunas prácticas monopólicas así como las actitudes rentistas por parte de los burócratas.

La próxima semana qué sucede cuando las reglas no se cumplen.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.