En el artículo pasado escribí que la política de sustitución de importaciones (1940-1970) impulsó el crecimiento de la industria manufacturera, particularmente la dedicada a la producción de bienes de consumo duradero (desde prendas de vestir hasta muebles de línea blanca y automóviles). Como señalé, una fuente de financiamiento de la industrialización fueron las rentas que las empresas le extrajeron a los consumidores quienes pagaron precios más elevados que los que hubiesen pagado en un contexto de libre comercio y, de manera notoria, sobretodo en la década de los sesenta (la del desarrollo estabilizador), con rentas que le extrajeron al sector agropecuario ya que la imposición de aranceles a las importaciones de bienes manufacturados actuó, simultáneamente, como un impuesto a la producción del sector primario. Es sobre esto último en lo que me concentraré en este artículo porque ello explica, junto con un arreglo institucional notoriamente ineficiente de la tenencia de la tierra, por qué la pobreza extrema es un fenómeno principalmente rural. Así, en 2018, el 27% de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema por ingreso (la imposibilidad de adquirir una canasta alimentaria básica).

Dadas las muy bajas elasticidades precio e ingreso de la demanda de alimentos, la población en las zonas rurales como porcentaje del total (y obviamente aquella dedicada a la producción de bienes agropecuarios) tiende naturalmente a caer como consecuencia del proceso de desarrollo económico; es algo que se observa, sin excepción, en todos los países del mundo. En México, en 1900, 73% de la población era rural y en la actualidad es de 22%. Sin embargo, lo que destaca es la velocidad a la cual este porcentaje cayó durante la época del proceso de industrialización. Así, mientras que en 1940 65% de la población era rural, para 1970 se había reducido a 41% y para 1980 ya era de 34%.

La caída tan acelerada, que es el reflejo de la expulsión de recursos de la producción (tanto capital como mano de obra) fue consecuencia directa de, por una parte, el impuesto a la producción agropecuaria implícito en la protección otorgada al sector manufacturero y, por otra, resultado de los controles de precios que se impusieron a los alimentos en las zonas urbanas. Así, la política de impulso a la sustitución de importaciones de bienes de consumo bajó la rentabilidad de la producción agropecuaria y esto, junto con una deficiente estructura de propiedad agraria y la atomización de la tierra, empobreció a la población rural. La extracción de parte de su riqueza, la renta extraída, fue lo que financió parcialmente la industrialización.

Aunque el modelo adoptado se había agotado para finales de la década de los sesenta, los gobiernos de Echeverría y López Portillo, lo trataron de mantener con una política fiscal, monetaria y de deuda pública expansiva, lo que llevó en 1982 a la crisis de la deuda y la década perdida de México y de Latinoamérica. No es sino hasta que se abandonó el modelo de economía cerrada y ésta se abrió al comercio exterior en 1988, que el sesgo en contra del sector primario desaparece y es a partir de entonces que se empieza a observar el aprovechamiento de las ventajas comparativas en la producción de frutas, verduras y hortalizas y una reducción en la incidencia de pobreza de estos productores y sus familias.

¿Dónde entonces prevalece una muy alta incidencia de pobreza extrema entre la población rural? La respuesta: entre los productores que siguen utilizando técnicas tradicionales en muy pequeñas extensiones agrarias y que, en consecuencia tienen una muy baja productividad, el tipo de producción que el presidente promueve.

*Artículo publicado originalmente en El Economista