Desde que el presidente anunció a finales del mes de octubre del año pasado que con base en una consulta pública amañada e ilegal cancelaría las obras del aeropuerto en Texcoco, los diferentes indicadores que miden el nivel de actividad de la economía han tenido un desempeño cada vez peor. El anuncio marcó un rompimiento que redujo notablemente la confianza entre diferentes agentes económicos e introdujo un elemento de incertidumbre sobre el compromiso gubernamental de respetar las reglas y las instituciones, particularmente en lo relativo a la certeza jurídica, mismo que es indispensable para tener un marco normativo al cual se sujetan los diferentes agentes económicos que derive en el incentivo para asignar eficientemente los recursos y, más aún, genere las condiciones mínimas necesarias para que haya flujos significativos de inversión y, por ende, de crecimiento económico.

Los resultados están a la vista, destacando el crecimiento trimestral del PIB que fue de -0.1% en cada de los dos primeros trimestres de año y, de manera preliminar, un nulo crecimiento en el tercer trimestre. Con ello, el crecimiento promedio anual en los nueve primeros meses del año fue 0%. Otros indicadores también reflejan la incertidumbre jurídica y la ausencia de garantías sobre el respeto gubernamental de las reglas. Así, durante el segundo y tercer trimestre del año se registró un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (4,521 y 2,013 millones de dólares respectivamente), que indican una transferencia neta al exterior del ahorro interno (lo que no se había dado desde la crisis financiera mundial de 2009) y una menor inversión en la economía (en el periodo enero - agosto la formación bruta de capital se contrajo, respecto del mismo periodo del año pasado, en 4.6%), lo que reduce a su vez el potencial de crecimiento futuro de la economía. En este mismo rubro cabe destacar que las importaciones de bienes de capital cayeron en el periodo enero - octubre a una tasa anual de 9.5% y que solo en octubre éstas se desplomaron en 13%.

El estancamiento en el nivel de actividad económica también ha impactado al mercado laboral. Así, en el periodo enero - septiembre, el índice de personal ocupado en la economía  creció únicamente en 0.6%, la menor tasa en los últimos nueve años, lo que indica que no hay una creación significativa de empleos en la economía. Esto se refuerza cuando observamos que en los primeros 10 meses del año la creación de empleos formales registrados ante el IMSS fue de 648.1 miles de puestos de trabajo, una caída de 30% respecto de los creados en el mismo periodo de 2018. Por otra parte, a partir de la ENOE, encontramos que la tasa general de desempleo en octubre fue de 3.6%, mayor en 0.4 puntos que la registrada un año antes. Más aún, la tasa de desempleo urbano, que refleja mejor las condiciones generales de la actividad económica fue de 4.3%, siendo que un año antes había sido de 3.7%.

Finalmente, por si lo anterior no fue suficiente para alimentar su pesimismo, la Secretaría de Hacienda dio a conocer la información a octubre sobre los ingresos públicos y resalta que la recaudación tanto de ISR como de IVA cayeron. Así, los ingresos por ISR en los primeros 10 meses disminuyeron en términos reales en 1.2% y por IVA en 3.2%, pero resulta alarmante que solo en octubre las caídas respectivas fueron de 7.9 y 8.6%.

Por los indicadores que tenemos, el cierre del año pinta muy mal, con un cuarto trimestre (y para todo el año) de crecimiento negativo. Dadas las condiciones institucionales, el próximo año tampoco pinta bien.

*Artículo publicado originalmente en El Economista