Termina el año y es fuerte la tentación de hacer un recuento de lo que pasó en México y el mundo. En el caso de México (lo más significativo en el mundo lo dejaré para un artículo posterior), creo que lo más importante, en términos de cobertura noticiosa y de lo indicativo de dónde se encuentra el país y a dónde se dirige, son sin duda los muchos acontecimientos vinculados con el narcotráfico: El Culiacanazo, la detención de Genaro García Luna en EEUU, los casi 32 mil homicidios dolosos ocurridos en el país hasta noviembre pasado (la cifra más alta en los registros históricos del país), las reiteradas carnicerías humanas en lugares como Salamanca, Minatitlán, Irapuato…, el asesinato de la Familia LeBaron, o los ya 426 policías y 17 periodistas asesinados en lo que va de 2019, los números más altos en la historia,  entre otros hechos que reflejan que, en materia de seguridad pública, el país se encuentra en un desplome institucional muy difícil de contener, máxime si como sucede con el gobierno de López Obrador, ese gobierno decidió no hacer nada como estrategia, o lo hace muy mal, como dejó ver El Culiacanazo.

La detención de García Luna, ex secretario (ministro) de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y un muy antiguo miembro de los cuerpos de inteligencia y policiacos del país (al menos desde 1989), acusado de recibir sobornos multimillonarios del Cartel de Sinaloa y otros cargos relacionados, nos habla de un deterioro inocultable del Estado mexicano a manos de los carteles del narcotráfico. El solo hecho de que la cabeza de la lucha anti narcóticos en México e interlocutor principal con las instituciones estadounidenses con el mismo cometido, haya estado, aparentemente, al servicio de uno de los carteles, sin despertar sospechas de instituciones como la CIA, el FBI o la DEA, es de una gravedad inusitada, y con derivaciones explosivas, si durante el posible juicio en EEUU se pone a dar nombres, cifras y otros datos de posibles coludidos, en los pasados gobiernos, en este y/o en las agencias estadounidenses.

Su detención hubiera sido imposible en México. La reciente exoneración de Manuel Bartlett (un conocido político que sólo ha sido servidor público en toda su trayectoria y aún así logró acumular un patrimonio inmobiliario y empresarial de al menos 42 millones de dólares), por el gobierno de López Obrador, donde es actualmente un muy prominente funcionario, nos habla del grado de impunidad que carcome los cimientos del Estado mexicano. Por eso, es posible especular que si García Luna se hubiera afiliado antes al partido político de López Obrador, seguramente no estaría hoy sufriendo las de Caín. De ese tamaño es la impunidad en México.

Un gobierno que no legaliza las drogas (todas las drogas) durante su gestión, está sin duda al servicio de los carteles del narco, para mantener altos los precios y cautivas a sus clientelas, favoreciendo su “modelo de negocio” y sus hechos delictivos. Está al servicio del narco, todo él. Eso sucede con el gobierno López Obrador y muy probablemente con los dos o tres gobiernos previos. Lo de García Luna avanza en esta suposición.

Todos estos hechos muestran que México y su gobierno se han convertido en partes operativas de la maquinaria del narco, bajo la condescendencia y hasta la complicidad estatal, cuyos políticos (de todos los partidos) se benefician del negocio. Estamos hablando de un verdadero narco Estado, a las puertas del principal mercado mundial de la droga. Eso me parece el hecho sustancial del 2019 y que marcará el destino del país en los años mediatos, así como la vida de millones de mexicanos, vistos como  meros animales de sacrificio para hacer funcionar tal maquinaria.