El Econoclasta
Dic 24, 2019
Isaac Katz

Libertad humana

Tener mayores niveles de desarrollo no aparece milagrosamente; es el resultado de haber tenido, de manera continua y por un largo periodo, un arreglo institucional que premia la libertad individual.

El Instituto Cato publicó, en colaboración con el Instituto Simon Fraser, la Fundación Friedrich Naumann, el Instituto de Análisis Económico y el Instituto VISIO, el informe 2019 sobre el estado que guarda la libertad humana en 162 países, evaluando cómo se encontraban en el año 2017. Este se compone de dos grandes agregados: libertad personal y libertad económica. La evidencia histórica indica que aquellos países que tradicionalmente han sido mayormente libres, en ambos conceptos son también, simultáneamente, los países que tienen un mayor nivel de desarrollo humano, mismo que incluye principalmente el PIB por habitante, el nivel de escolaridad de la población y la esperanza de vida. Tener mayores niveles de desarrollo no aparece milagrosamente; es el resultado de haber tenido, de manera continua y por un largo periodo, un arreglo institucional que premia la libertad individual.

De acuerdo a la evaluación realizada, los 10 países que son considerados los más libres del orbe son: Nueva Zelanda, Suiza, Hong Kong, Canadá, Australia, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia y Alemania; Estados Unidos ocupa el lugar 15. Por otra parte, los cinco menos libres son Irak, Sudán, Yemen, Venezuela y Siria (de éstos, solo Venezuela no enfrenta un conflicto bélico).

Tomando en consideración tanto la libertad personal como la económica, México se situó en el lugar 92 (con un puntaje de 6.65), ocupando el lugar 106 en libertad personal (con un puntaje de 6.38) y en el lugar 76 en libertad económica (con un puntaje de 6.93). Somos un país al cual se le considera, en general, como medianamente libre (y en el Índice de Desarrollo Humano, como uno medianamente desarrollado).

En lo que toca al agregado de libertad personal, los puntajes asignados a cada componente fueron: estado de derecho en cuestiones penales 3.9 (derivado de la notoriamente elevada tasa de impunidad); seguridad personal 5.4 (dada la alta tasa de delincuencia); libertad de movimiento 10; libertad religiosa 7.6; libertad de asociación 8.5; libertad de prensa y de expresión 7.7; y, finalmente igualdad legal de género 10. Es muy claro dónde está el eslabón más débil: la grave deficiencia gubernamental en la protección y salvaguarda de la seguridad personal y de la propiedad. El Estado mexicano no está cumpliendo con su principal función, su razón de ser.

En cuanto a la libertad económica, los puntajes asignados a cada componente fueron: tamaño de gobierno (finanzas públicas: ingresos y gasto como porcentaje del PIB) 7.9; protección judicial de los derechos privados de propiedad 4.2; estabilidad monetaria 7.9; libertad de comercio internacional 7.6 (prevalecen relativamente altas tarifas a las importaciones provenientes de países con los cuales no hay tratados de libre comercio así como altas barreras no arancelarias); regulación de los mercados 7.0 [regulación del mercado crediticio 9.1, regulación del mercado laboral 5.6 (dados los muy elevados costos de despido y la alta prevalencia de informalidad laboral) y regulación de las empresas 6.4 (debido a la prevalencia de trámites burocráticos que imponen barreras de entrada y salida de los mercados)]. Al igual que en años anteriores, el eslabón más débil es la ineficiente, ineficaz y ausencia de imparcialidad en la  garantía judicial del cumplimiento de los contratos, lo cual encarece la inversión y el crecimiento.

Es claro, dada la evidencia internacional, que para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo necesitamos como país que transitar a un arreglo institucional que dote a los individuos y a las empresas de mayor libertad, tanto en el ámbito personal como económico. El problema, sin embargo, es que al parecer este gobierno piensa y actúa en sentido opuesto. Nuestra libertad está bajo acecho y poco a poco iremos perdiendo grados de libertad. El costo será enorme.

*Artículo publicado originalmente en El Economista



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