En el artículo de la semana pasada señalé que como consecuencia de la dinámica demográfica, nos encontramos en un proceso de envejecimiento paulatino de la población, de forma tal que los mayores de 65 años de edad que ahora representan el 7% de la población total, llegará en el 2050 a ser el 20%. Además, observamos una menor tasa de fecundidad y de natalidad por lo que hacia finales de esta década, el número de individuos de hasta 15 años de edad se estabilizará en alrededor del 30% de la población total. Estas dos dinámicas se han conjuntado para que durante las dos primeras décadas de este siglo hayamos tenido lo que se conoce como el “bono demográfico” o la “ventana de oportunidad demográfica”, lo que quiere decir que el “índice de dependencia” que ha venido cayendo, terminará dentro de ocho años. Esto implica que cada vez va a haber menos individuos en edad laboral como porcentaje de quienes no lo están (hasta de 15 años y mayores de 65 años).

Como país ya desperdiciamos dos décadas de este bono por tres razones principales: muy baja tasa de crecimiento del PIB por habitante, la persistencia de una muy elevada tasa de informalidad laboral y una muy mala calidad del sistema educativo que derivó en una mala calidad del capital humano de la fuerza laboral. Nos quedan ocho años para aprovechar lo que queda del bono demográfico.

Primero, es obvio que se requiere empezar a crecer a tasas altas y sostenidas, necesitando para ello que los incentivos que se derivan de las reglas formales estén alineados con este objetivo, destacando la certeza jurídica (protección y garantía de los derechos privados de propiedad, tanto del acervo como de los flujos) y la garantía judicial del cumplimiento de los contratos. Mayor inversión privada (y pública) es la única manera de tener un aumento sostenido del empleo.

Segundo, que también impactaría positivamente sobre el crecimiento, se requiere que la creación de empleos sea una de carácter formal, es decir con acceso al sistema de seguridad social (56% de la fuerza laboral no lo tiene). Por una parte, se necesita eliminar las trabas regulatorias a la creación y crecimiento de las empresas y eliminar los sesgos que existen en contra del empleo formal: reducir/eliminar las contribuciones patronales al IMSS y financiando la seguridad social con la recaudación general de impuestos (lo que requiere una reforma tributaria basada en impuestos indirectos como el IVA), así como bajar los costos de despido (que encarecen el proceso mismo de contratación) estableciendo un seguro temporal de desempleo con financiamiento bipartita (gobierno y trabajadores) o tripartita (incluyendo a las empresas).

Tercero, una reforma al sistema de pensiones, con una pensión mínima garantizada financiada de la recaudación tributaria, un aumento de las aportaciones a las cuentas individuales de retiro, traspasando el 5% que ahora va al Infonavit a estas cuentas y la promoción del ahorro voluntario para el retiro, otorgando incentivos fiscales para ello.

La dinámica demográfica, particularmente el envejecimiento paulatino de la población es irreversible, como lo es que próximamente empiece a aumentar el índice de dependencia. Si no se hacen las reformas necesarias para alcanzar mayor crecimiento con empleos formales con acceso generalizado al sistema de seguridad social, habremos desperdiciado por completo el bono demográfico y la consecuencia es grave: terminaremos siendo un país de viejos pobres, un país de pobres viejos. Y entonces, México habrá fracasado en el proceso de brindarle a su población un país más desarrollado, con mayores niveles de bienestar y de prosperidad.

Próxima semana: herencia negativa.

*Artículo publicado originalmente en El Economista