Pesos y contrapesos
Mar 20, 2020
Arturo Damm

AMLO, ¡no entiende!

Si una inversión cuenta con todas las de la ley para operar, y no ocasionará escasez de agua en la zona, ¿por qué el pueblo decidirá si el gobierno permite o no que se concluya la construcción de la planta?

El lunes 29 de octubre de 2018, previa consulta popular, AMLO canceló la construcción del NAICM, generando inseguridad y desconfianza entre los empresarios, lo que se tradujo en la caída de la Inversión Fija Bruta (IFB) en instalaciones, maquinaria y equipo, parte esencial de la Inversión Directa (ID), de la que depende la producción de bienes y servicios (variable con la que se mide el crecimiento de la economía), la creación de empleos (para producir alguien tiene que trabajar), y la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga).

En 2018 la IFB creció, en promedio mensual, 0.93 por ciento. En 2019 el resultado fue menos 4.98 por ciento. De los catorce meses transcurridos entre noviembre de 2018 (un mes después de la cancelación del NAICM) y diciembre de 2019 (último mes para el que tenemos información), en trece la IFB se contrajo, 5.58 por ciento en promedio.

La cancelación del NAICM explica la inseguridad y desconfianza de los empresarios, lo que explica el comportamiento de la IFB, lo que su vez explica el decrecimiento de la economía: 0.1 por ciento el año pasado.

A las presiones recesivas generadas internamente se suman las que, por obra y gracia del coronavirus, nos llegan del exterior, lo cual quiere decir, que no nos lloverá sobre mojado, sino que nos diluviará sobre inundado. ¿Y qué hace el gobierno? Generar más inseguridad y desconfianza entre los empresarios. El más reciente botón de muestra lo tenemos en la consulta popular que se llevará a cabo este fin de semana para que el pueblo decida si el gobierno permite, o no, que se termine la construcción de una planta cervecera en Mexicali, que lleva un avance del 65 por ciento, y que involucra ID por 1,400 millones de dólares.

Lo más increíble del caso es que, en la convocatoria emitida por el gobierno, se reconoce “que (esta ID) cuenta con los permisos y autorizaciones ambientales y administrativas para operar” y “que la operación de la Planta no significa un riesgo presente ni futuro para el abastecimiento o disponibilidad de agua para el campo, para los hogares del Valle de Mexicali, ni para el derecho humano al agua”, que es lo que preocupa a grupos ambientalistas que se oponen a la planta.

Si dicha ID cuenta con todas las de la ley para operar, y no ocasionará escasez de agua en la zona, ¿cómo calificar al “ejercicio participativo” por el cual el pueblo decidirá si el gobierno permite o no que se concluya la construcción de la planta? Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.

Increíble y preocupante que AMLO no entienda el impacto que este tipo de decisiones tiene sobre la confianza de los empresarios, sobre sus decisiones para invertir directamente, sobre la producción, el empleo y el ingreso, sobre las posibilidades de bienestar de la gente.



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