Desde la más alta esfera gubernamental, se ha dejado entrever que uno de los remedios activos contra la crisis será la vía de la recaudación para seguir sustentando sus proyectos de inversión, y aquél que no contribuya “voluntariamente” con sus impuestos, será sujeto a un procedimiento legal.

Bajo el supuesto “Paquete de Activación Económica”, se asume que la dimensión de la emergencia sanitaria no será de la misma magnitud que en Europa o EEUU, algo sumamente grave e irreflexivo. Caso contrario son las políticas de diferentes países que se han enfocado en medidas de apoyo empresarial, haciendo un partnership entre los bancos de los gobiernos, los bancos de desarrollo, sector púbico y sector privado, para mitigar el riesgo de quiebra, haciendo hincapié en todos aquellos involucrados en el sector turístico, con la condición, claro está, que no vengan arrastrando problemas de estructura financiera previas. Por ejemplo, en Alemania han tenido la iniciativa de ayudar a la aerolínea Lufthansa por el peso que representaría dejarla caer. En Brasil, han implementado un mecanismo de vouchers que permite a las personas que adquirieron un paquete comercial, puedan postergarlo en algún momento determinado sin pena de que las agencias, hoteles o aerolíneas, tengan que reembolsar por cancelación. En EEUU, además del paquete de ayuda a sus aerolíneas, ha contemplado préstamos a negocios vulnerables con la posibilidad de condonación, transferencias de efectivo a la ciudadanía más expuesta, así como mayores erogaciones al sistema de salud. Inglaterra, por su parte, ha iniciado un programa de ayuda empresarial para pago de salarios, el cual consiste en que el gobierno pague hasta el 80% del total de la renta de los trabajadores con un tope de 2 mil 500 libras.

Aunque la reacción de los países ha sido diversa, inexorablemente la gran mayoría ha decantado por mecanismos financiados con la chequera pública, para atenuar la caída de la producción y el quiebre sistemático de empresas, teniendo como claro propósito proteger a sus trabajadores y a las clases más marginadas (no se trata de proteger la fortuna de grandes empresarios, sino de resguardar la seguridad social y el empleo productivo). Es decir, políticas que contrarresten la fase de contracción económica, también llamadas contracíclicas.

En México han optado por hacer algo completamente distinto, aunado a que se empiezan a agotar las posibilidades reales de una respuesta fiscal por dos razones:

La primera, partiendo de que el nivel de deuda máximo no tiene un ancla fiscal en el mediano plazo por la caída de los ingresos tributarios derivado del mal desempeño económico en los últimos meses, por lo que difícilmente, y entendiendo los fines presupuestarios del gobierno, querrán recurrir a endeudamiento por una crisis de salud. Pareciera no ser prioridad, a pesar de ser una pandemia sin precedentes.

En segunda, el uso de un fondo contracíclico (ahorro que se permite hacer en la parte alta del ciclo) para financiar la parte baja como lo es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), está agotado tanto por su volumen, el cual, se ha usado en gran mensura para compensar la caída de los ingresos federales, y por su destino político, atendiendo el hecho de que las autoridades han mencionado que el restante estaría operando bajo los programas sociales e inyecciones de capital a Pemex. Por lo que, si bien no podemos afirmar con certeza que la crisis es transitoria, sí podemos deducir que la desviación temporal de la regla fiscal no podrá afrontar con eficiencia el choque económico que se avecina. Ni el aumento de impuestos ni la venta de activos del Estado son posibilidades en el corto plazo.

Se puede concluir que la ausencia de una regla anticíclica en México y una política fiscal restrictiva en un año sin crecimiento acentuarán aún más la desaceleración.

Las menciones espirituales, las citas triviales y la confrontación política que mencionó el presidente el domingo pasado, no es hacer política económica.