El gobierno tiene el derecho de prohibirle a los gobernados la realización de determinadas acciones. ¿Cuáles? Las que son delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad de los seres humanos: matar, mutilar, esclavizar, robar. Dicho de otra manera: el gobierno tiene el deber de garantizarle a los gobernados la seguridad contra la delincuencia y, en el caso de fallar, el de impartir justicia, en sus dos vertientes: castigar al delincuente y resarcir a la víctima. La realización honesta y eficaz de estas dos tareas es lo que justifica la existencia del gobierno, con el primero de sus poderes: el poder obligar al gobernado a que, en su calidad de contribuyente, le entregue parte del producto de su trabajo.

¿Qué sucede cuando el gobierno le prohíbe, a alguien, la realización de una acción que no es delictiva por su propia naturaleza? Que no está ejerciendo un derecho sino un poder, ¡algo muy distinto! En muchas ocasiones los gobiernos hacen lo que hacen, no porque tengan el derecho para hacerlo, sino porque tienen el poder para llevarlo a cabo, hechura que en tales condiciones no pasa de ser una injusticia, tal y como es el caso de la prohibición para participar en éste o aquel sector de la actividad económica, o en aquel o éste mercado, prohibición que es producto del poder, no del derecho. Y no hay nada más peligroso que el gobierno actuando, no en función del derecho (me refiero, obviamente, al verdadero derecho), sino del poder (me refiero, claro está, al arbitrario, al que no se funda en el derecho), tal y como sucede cuando, con el fin de promover intereses pecuniarios de grupos empresariales, el gobierno limita o elimina la participación de la competencia en aquellos sectores de la actividad económica, o en aquellos mercados, en los cuales ya participa uno (monopolio), dos (duopolio) o unos cuantos (oligopolio) oferentes, limitación o eliminación de la competencia que es del interés de los empresarios que no pueden, o no quieren, competir en el mercado libre, que es el totalmente abierto a la participación de todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar, empresarios que, sobre todo en tiempos de crisis, van a demandar ese privilegio del gobierno. Claro que, una cosa es lo que los empresarios demanden, y otra muy distinta lo que los gobernantes, comenzando por los legisladores, les otorguen. ¡Pedir no empobrece…!

¿Qué sucede, insisto en el tema, cuando el gobierno, en vez de garantizar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, derechos que por ser de todo ser humano se garantizan para todos los seres humanos, lo que hace es promover intereses pecuniarios de grupos empresariales, intereses que son particulares y, por lo tanto, excluyentes? Lo que sucede es que el gobierno deja de actuar conforme a derecho para hacerlo de acuerdo al poder: promueve intereses pecuniarios de grupos empresariales no porque, desde el punto de vista del Estado de Derecho, deba, sino porque, desde la perspectiva del Estado de chueco, puede.

¿Y en qué consiste la promoción de dichos intereses pecuniarios? De una u otra manera, en mayor o menor medida, por poco o mucho tiempo, en limitar o eliminar la competencia, actual o potencial, que enfrentan, o pueden enfrenar, las empresas así privilegiadas, privilegiadas con algún grado de protección - le enmiendo la plana a Milken -, no solamente porque no puedan competir, sino porque no quieren competir, y no quieren porque no les conviene, razón por la cual les viene bien que el gobierno las mantenga, en mayor o menor medida, al margen de la competencia, lo cual les permite, de entrada, cobrar un precio mayor del que podrían cobrar si estuvieran sujetas a la disciplina de la competencia, todo ello a costa de los consumidores.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.