El mal (el menor de los males, si se quiere), no es el tipo de gobierno (desde  la monocracia: el gobierno de uno, hasta la policracia: el gobierno de muchos), ni la forma en la que el gobernante llegó a gobernar (desde el sufragio efectivo hasta el golpe de Estado), ni tampoco el fin que persiga el gobierno (desde garantizar únicamente la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, hasta proveer al gobernado de todo lo que va desde la cuna hasta la tumba).

No, el mal no es, ni el tipo de gobierno, ni la manera en la que el gobernante llegó al poder, ni el fin que el gobierno persigue. El mal es, independientemente de todo lo anterior, el gobierno sin más, y lo es, de entrada, por el poder que lo define, sin el cual no hay gobierno que dure: el poder obligar a los gobernados a entregarle parte del producto de su trabajo o, dicho en términos políticamente correctos, el poder cobrar impuestos, algo que cualquier gobierno, independientemente de su tipo y su fin, tiene que hacer, lo cual lleva a la siguiente pregunta: ¿qué justifica que el gobierno obligue a los gobernados a entregarle parte del producto de su trabajo?

La única respuesta correcta a dicha pregunta es ésta: que el gobierno garantice que nadie más obligará al gobernado a entregar la parte que, una vez pagados los impuestos, le reste del producto de su trabajo. Aceptando (sin conceder) la necesidad de tener un gobierno, debemos aceptar la obligación de entregarle parte del producto de nuestro trabajo, con el fin (único fin, diremos algunos), de que nos garantice que nadie más nos quitará el resto, quita que siempre se realiza con fines redistributivos. Quien, amenazando, roba, redistribuye a su favor, redistribución que hoy realiza, de manera habitual, y siempre a favor de la justicia social, el bien común, el combate a la pobreza, y demás términos por el estilo, el gobierno, y botón de muestra es cualquier presupuesto de egresos de cualquier gobierno, redistribución que parte de un cobro de impuestos que sobrepasa, ¡por mucho!, el mínimo necesario para que el gobierno garantice la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia.

Hoy cualquier gobierno, al margen de su tipo, forma de haber llegado al poder, y fin que persiga, redistribuye, al grado de que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, es decir, de quitarle a unos para darle a otros, razón por la cual terminó haciendo aquello que debía evitar: la redistribución forzosa, bajo amenaza, desde quienes generan ingreso hacia quienes no lo generan; desde quienes generan más ingreso del que son capaces de consumir, hacia quienes no generan un ingreso que les permita consumir lo suficiente; desde los productivos hacia los improductivos.

La redistribución, desde el momento en el cual la propiedad es la condición de posibilidad de la libertad, atenta, no solamente contra la propiedad, sino también contra  la libertad: en la misma medida en la que, por obra y gracia de la redistribución, se limita la propiedad privada, se limita la libertad individual, y se limita mucho más allá del único límite aceptable en una sociedad civilizada: el que impone el respeto a los derechos de los demás.

Se justifica que se limite la libertad de la persona cuando el fin es no hacerle daño a los demás: no matarás, no esclavizarás, no robarás. ¿Pero qué sucede cuando la libertad se limita, no con el fin de que uno no le haga daño a otro, sino con el objetivo de que le haga el bien: le darás de comer; le darás medicinas y atención médica; le darás educación? ¿Qué sucede cuando la libertad se limita, no para garantizar derechos, sino para satisfacer necesidades, tal y como sucede hoy en todos los países? Lo que sucede, como lo señala Russell, es que ha llegado el momento de limitar el poder del gobierno, comenzando por el poder para cobrar impuestos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.