Yo no sé, y no lo voy a averiguar en estos momentos, si, como lo afirma Sartre, la política es una ciencia, por más que se le llame ciencia política. No creo que la política cuadre en mi definición favorita de ciencia, que es la aristotélica, y que es mi favorita por considerarla la menos excluyente, y que afirma que la ciencia es conocimiento cierto por causas, y por causas universales. No creo que la política, entendida como aquello que hacen los políticos, pueda ser objeto de conocimiento científico, lo cual no quiere decir que resulte imposible, si se cumplen ciertas condiciones, ¡y en dicho cumplimiento está el problema!, que uno pueda, en materias relacionadas con la política, demostrar que uno tiene la razón y que quienes sostienen la posición contraria están equivocados. Pero todo ello, insisto, ¡si se cumplen ciertas condiciones!, repitiendo que en dicho cumplimiento está el problema.

¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir para que uno, que defiende la posición X, pueda demostrarle a otro, que defiende la posición Y, que está equivocado? Que tanto X como Y estén de acuerdo en el fin último de la política, en general, y todavía más importante, en el fin último del gobierno. Si se está de acuerdo en el fin entonces la discusión se circunscribe al tema de los medios y/o de ciertas acciones, y a ese nivel sí se puede demostrar que una posición es la correcta al tiempo que la otra está equivocada.

Supongamos que, como buenos liberales, estamos de acuerdo en que el fin del gobierno debe ser garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar en el intento, impartir justicia, y que garantizar la seguridad contra la delincuencia supone defender los derechos naturales de las personas a la vida, la libertad y la propiedad. Si aceptamos ese fin resulta fácil demostrar que la redistribución del ingreso, es decir, el gobierno obligando a unos a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a otros es una actividad contraria al mentado fin. De hecho es su antítesis porque el gobierno está haciendo lo que debería evitar.

El problema surge cuando alguien (por ejemplo: un liberal) cree que el fin del gobierno, y al final de cuentas también de la política, es garantizar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, mientras que otro (por ejemplo: un socialista) lo que cree es que el fin del gobierno, y por ello también de la política, es satisfacer necesidades, al tiempo que uno más (por ejemplo: un mercantilista) está convencido que la tarea del gobierno, y por ende de la política, es defender intereses pecuniarios. El liberal se opondrá a las políticas redistributivas del socialista y a las medidas proteccionistas (que tienen efecto redistributivo) del mercantilista, de la misma manera que el mercantilista y el socialista se opondrán a que el gobierno se limite a garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar, ¡falla que ocurre a menudo!, impartir justicia.

Esencialmente un gobierno puede hacer tres cosas: garantizar derechos (gobierno liberal), satisfacer necesidades (gobierno socialista) y defender intereses (gobierno mercantilista), y resulta difícil que liberales, socialistas y mercantilistas se pongan de acuerdo, lo cual no deja de ser un tanto cuanto sorprendente, porque se puede demostrar que tanto el socialismo como el mercantilismo suponen el robo legal, es decir, el gobierno, directamente en el caso del socialismo, o indirectamente por medio de los privilegios que otorga en el caso del mercantilismo, quitándole a unos para darle a otros, afirmación que me debe llevar a reconsiderar lo dicho en un párrafo anterior, en el sentido de que, para demostrar que X tiene razón y que Y no la tiene, se requiere que tanto X como Y estén de acuerdo en el fin último de la política, en general, y del gobierno, en particular.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.