Lo que Acton quiere decir es que la organización política de una sociedad, desde la redacción de sus leyes hasta las tareas de sus gobernantes, debe tener como único objetivo defender la libertad del ser humano, y que todo ello - desde las tareas de los gobernantes hasta la redacción de las leyes - se justifica, única y exclusivamente, si el fin es defender la libertad de las personas, para lo cual hay que reconocerla plenamente, definirla puntualmente y garantizarla jurídicamente, sin olvidar que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, libertad que puede atacarse directamente, prohibiendo determinadas acciones, o indirectamente, limitando la propiedad (por ejemplo: por medio del cobro de impuestos, sobre todo con fines redistributivos).

Otra interpretación, complementaria de la anterior, de lo dicho por Acton es la siguiente. Lo único que justifica el ejercicio del poder político, que es el poder para limitar la libertad, es que se use para prohibir aquellos usos de la libertad que atenten contra los derechos de los demás, derechos que son a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada, de tal manera que la libertad sea, como lo señala Acton, no un medio para el logro de otros fines, sino el único fin de la política, el único fin del ejercicio del poder político, que es el poder de limitar la libertad, poder cuyo ejercicio debe justificarse plenamente, precisamente por lo que supone: limitar la libertad de la persona, algo que nunca debe hacerse arbitrariamente.

¿Qué es lo único que justifica que se limite, por medio del poder político, la libertad de las personas? El daño que, libremente, se le causa a otro en su vida, su libertad y su propiedad, daño que, al ser causado libremente, es decir: voluntariamente, lleva el nombre de delito (para diferenciarlo del accidente, que es el daño que involuntariamente, es decir: sin el concurso de la libertad, se le causa a alguien más), de lo cual se desprende que, si la libertad es el fin político más elevado, la tarea del gobierno debe ser, hasta donde resulta humanamente posible, garantizar la seguridad contra la delincuencia, para lo cual hay que prohibir las conductas delictivas - lo cual se sintetiza en tres prohibiciones: 1) no matarás; 2) no esclavizarás; 3) no robarás - y, de fallar la garantía, impartir justicia, para lo cual lo que hay que determinar es el castigo para cada uno de los delitos.

Queda claro que la libertad a la que se refiere Acton remite, en primer lugar, a la libertad política, que es, según la definición de Milton Friedman, la ausencia de coerción sobre un hombre de parte de otros hombres, ausencia de coerción que no debe ser la regla general, ya que algunos seres humanos dañan libremente a otros, algo que no debe permitirse, para lo cual se debe usar la coerción, comenzando por los tres preceptos ya mencionados: no matarás, no esclavizarás, no robarás, respeto a tales preceptos que dependen…, ¡de la libertad!

¿Qué supone, para la convivencia justa, el uso de la libertad? Decidir no dañar a los demás. ¿Y para la convivencia humana, que reclama algo más que la justicia? Decidir ayudar a los demás[1]. ¿Cuál debe ser la tarea del gobierno? No obligar a la convivencia humana - lo cual supondría obligar a unos a beneficiar a otros -, sino solamente garantizar la convivencia justa - para lo cual debe, nada más, prohibir que unos dañen a otros -. Dicho de otra manera: reconocer que la libertad debe ser el fin político más elevado, reconocimiento que puede ser realidad en el discurso, pero que raramente lo es en la práctica. Nada más hay que ver cómo actúan los gobiernos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.