La esencia del poder político –que en las sociedades democráticas (en las que los gobernados eligen a sus gobernantes), republicanas (en las que los gobernados gobiernan cara a los gobernados) y de Estado de Derecho (en las que gobiernan las leyes justas y no los hombres), recae en quienes redactan y promulgan las leyes– es la de eliminar o limitar la libertad individual, poder que en manos poco escrupulosas fácilmente ocasiona la limitación o eliminación arbitraria de dicha libertad, aún en sociedades que presumen ser democráticas, republicanas y de Estado de Derecho, aparentemente muy alejadas de las monarquías absolutas. ¿Por qué escribo aparentemente? Porque, como lo señala Spencer, el monarca absoluto ha sido sustituido por el legislador absoluto, olvidándose que lo que importa no es quién (uno: el monarca absoluto) o quiénes (varios: los legisladores) determinan qué se permite y qué se prohíbe, ni cómo (por imposición de uno o por votación de muchos) se determina qué se prohíbe y qué se permite, sino qué es lo que se prohíbe y qué es lo que se permite.

El Estado de Derecho se define como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, derechos naturales que son anteriores y superiores a las leyes redactadas y promulgadas por el ser humano, leyes positivas que deben ser redactadas y promulgadas para defender esos derechos de cualquier posible agresión, defensa que tiene que ver con la justicia, de tal manera que es justa aquella ley que, reconociendo plenamente los derechos naturales de la persona, los define puntualmente y garantiza jurídicamente. Son esos derechos, y su defensa, los que deben limitar la acción del legislador, cuyas leyes son justas, no porque hayan sido redactas y promulgadas por él, sino porque reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos naturales de la persona.

Llegados a este punto hay que distinguir entre leyes positivas –las redactas y promulgadas por el ser humano– y positivismo jurídico –la creencia de que toda ley positiva, por el simple hecho de haber sido redactada y promulgada por el legislador, es justa– positivismo jurídico que ha originado al legislador absoluto, aquel cuya palabra es ley, y aquel cuya ley es justa, lo cual, al despojar al ser humano de la protección que deberían brindarle los derechos naturales, lo deja a expensas de las ocurrencias de los legisladores: basta que el legislador lo haya dispuesto para que deba ser cumplido. En pocas palabras: hay que obedecer, no porque así lo exija el respeto a los derechos naturales de la persona, sino porque lo digo Yo, el legislador absoluto.

Lo único que justifica que se elimine o limite la libertad individual es el respeto a los derechos de los demás, derechos que pueden ser los naturales, aquellos con los que el ser humano nace, pero también los contractuales, aquellos que cada persona adquiere voluntariamente al pactar con los demás. La tarea el legislador debe ser redactar y promulgar leyes justas, que lo son, no porque hayan sido redactadas y promulgadas por él, sino porque fueron redactas y promulgadas con el fin de reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, algo que hoy, más que la regla, es la excepción.

Cuántos legisladores podrán responder correctamente la siguiente pregunta: ¿Qué es una ley justa?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.