¿Qué es lo único que podría justificar la prohibición de la propiedad privada y el uso particular de armas de fuego? Un gobierno cien por ciento eficaz a la hora de garantizar la seguridad contra la delincuencia es, decir, al momento de combatir la violación de los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, cien por ciento de eficacia gubernamental que supondría que ningún delincuente se saldría con la suya y, por lo tanto, que ningún ciudadano resultaría dañado por la delincuencia. Ese gobierno, cien por ciento eficaz en la realización de su tarea esencial -garantizar la seguridad contra la delincuencia-, ¿existió?, ¿existe?, ¿existirá? Tal gobierno, aun suponiendo el cien por ciento de honradez entre sus miembros, honradez que es condición necesaria, más no suficiente, de la eficacia de los gobernantes, ¿es humanamente posible? No.

Si un gobierno cien por ciento eficaz a la hora de garantizar la seguridad contra la delincuencia resulta humanamente imposible, y si esa garantía es lo único que podría justificar prohibir la propiedad privada y el uso particular de armas de fuego, ¿a qué conclusión llegamos? Que su prohibición, de darse, no pasa de ser una arbitrariedad,  impuesta por el gobierno, en contra de uno de los derechos fundamentales de la persona: el derecho de defender sus derechos. Ese derecho de defender sus derechos -por ejemplo: defender su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad- ¿no es el más fundamental de los derechos de la persona, aquel que hace posible el ejercicio de todos los demás? Y si el gobierno limita directamente -por ejemplo: prohibiendo el uso de armas de fuego- el ejercicio del derecho de defender los demás derechos, ¿no limita indirectamente el ejercicio de esos otros derechos?

Llegados a este punto se puede argumentar que otra condición que podría justificar la prohibición de la propiedad privada y el uso particular de armas de fuego sería que la misma fuera cien por ciento eficaz, de tal manera que nadie fuera capaz de violarla, condición que resulta más utópica que la anterior. Si no hay gobierno capaz de garantizarle, a todos sus gobernados, todo el tiempo, la seguridad contra la delincuencia, ¿lo habrá capaz de garantizar que nadie demande un arma de fuego, condición necesaria y suficiente para que alguien esté dispuesto a ofrecerla, todo ello de acuerdo con la primera ley del mercado que afirma que allí donde hay demanda, y si el demandante está dispuesto a pagar el precio al que el oferente está dispuesto a ofrecer, habrá oferta? No, claro que no. Al contrario: la prohibición de la propiedad privada y el uso particular de armas de fuego generaría todos los incentivos para que sucediera algo similar a lo que ha sucedido con la prohibición del comercio y consumo de drogas.

Condiciones que podrían justificar la prohibición de la propiedad privada y el uso particular de armas de fuego: 1) un gobierno cien por ciento eficaz a la hora de garantizar la seguridad contra la delincuencia; 2) un gobierno cien por ciento eficaz a la hora de prohibir la compra y venta privadas de armas de fuego. Aun suponiendo gobernantes cien por ciento honestos, ¿se logra ese cien por ciento de eficacia? No.

Por último, lo más importante: poseer un arma no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, ya que dicha posesión no supone, necesariamente, la violación de los derechos de alguien más, razón más que suficiente para no prohibir su propiedad. Lo único que el gobierno debe prohibir son las actividades delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan derechos de terceros, y la posesión de un arma no los viola. Es más, en ciertas circunstancias, ante el ataque de la delincuencia, puede ser la condición necesaria para hacerlos valer.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.