Lo que dice Mises es cierto: los impuestos que gravan las ganancias del empresario (ojo: del empresario, no de la empresa) suponen gravar el resultado pecuniario de haber contestado correctamente estas dos preguntas: 1) ¿qué producir? y 2) ¿cómo producirlo?, de cuya acertada contestación depende que el empresario obtenga, o no, utilidades, preguntas que solamente responde el empresario, por lo que la obtención de utilidades, o de pérdidas, depende solamente de él, razón por la cual solo él tiene derecho a las ganancias, que son el ingreso que le es propio, como el salario es el ingreso propio de los trabajadores, o los intereses el de los capitalistas financieros.

(Dicho sea de paso: la respuesta general a la pregunta ¿qué producir? es lo que los consumidores más aprecien, es decir, aquello por lo que estén dispuestos a pagar el mayor precio; la respuesta general a la pregunta ¿cómo producirlo? es al menor costo posible, es decir, con la menor cantidad posible de factores de la producción, siendo que la combinación mayor precio – menor costo es la que le permite al empresario maximizar utilidades, resultado, insisto, de haber respondido correctamente las dos preguntas).

Empresario que responde correctamente las dos preguntas obtiene ganancias, muestra de su éxito como empresario, es decir, ¡y esto no hay que pasarlo por alto!, de su habilidad para servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido, éxito en el cual el gobierno cree tener derecho a participar. ¿Cómo? Quedándose con parte del mismo. ¿De qué manera? Cobrándole impuestos al empresario, y cobrándoselos como tal, es decir, exigiendo la entrega de parte de esas ganancias, que son su ingreso, propiedad del empresario que el gobierno/recaudador no reconoce, ni con él, ni con cualquier otro contribuyente, en cuyos bolsillos mete la mano impunemente (para que quede claro: impunemente, es decir, sin castigo, lo cual me lleva a una de las posibles versiones de la pregunta clásica: ¿quién castiga al castigador!).

Al final de cuentas lo que dice Mises del impuesto a las ganancias es verdad para cualquiera otro impuesto, que siempre recae, directa o indirectamente, sobre el ingreso de alguien, lo cual debe llevar a que el gobierno/recaudador se pregunte cómo justificar su cobro, es decir, cómo justificar que el gobierno/recaudador obligue al ciudadano/contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, sobre todo si aceptamos –al menos en teoría, ámbito de la teoría en el cual prácticamente todo el mundo lo acepta–, que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Entonces, ¿cómo justificar el cobro de impuestos, por el cual el gobierno/recaudador obliga al ciudadano/contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual coincide con la definición de robo, que podrá ser legal (el cobro de impuestos podrá estar avalado por la ley), pero no por ello deja de ser robo, mismo que no es visto así por la gran mayoría de ciudadanos/contribuyentes, con relación a los cuales debemos preguntarnos, ¿en qué momento perdieron la brújula?, ¿en qué momento fueron engañados? ¿Creen que por ser el gobierno el que realiza algo –obligar al ciudadano/contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo– ese algo realizado está justificado? ¿Creen que por estar legalmente “justificado” lo que el gobierno hace, también lo está moralmente? ¿No se dan cuenta que el cobro de impuestos, sobre todo con fines redistributivos, es un robo con todas las de la ley, la expoliación legal de la que tan bien habló Bastiat en La Ley y El Estado? Increíble que no nos demos cuenta de lo que pasa –la práctica habitual de la expoliación legal por medio de la redistribución del ingreso– y que, si nos la damos, no hagamos nada al respecto –por ejemplo: la rebelión de contribuyentes–, dejando que el gobierno haga lo que debe prohibir, prevenir y castigar: robar.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.