DOMINGO, 10 DE AGOSTO DE 2014
El punto sobre la i
¿A usted le parece buena idea desperdigar el gobierno?
No
No sé

Arturo Damm





“No hay mayor tiranía que aquella que tiene lugar bajo el amparo de la ley y en nombre de la justicia”
Montesquieu

Entiendo, uno, que la tiranía a la que se refiere Montesquieu es la que ejerce el gobierno y, dos, que la misma consiste en la violación, de parte del gobierno, de los derechos de los ciudadanos, tiranía que es difícil de identificar, y más de combatir, si, como lo señala Montesquieu, se practica en nombre de la justicia y se avala con la ley. En tales casos la tiranía aparece como la lucha legal a favor de la justicia, ¿y quién se opondría a luchar, con la ley en la mano, a favor de la justicia? Por la justicia hay que luchar, sobre todo si esa lucha es legal.

Un buen ejemplo de lo señalado por Montesquieu lo tenemos en la justicia social, cuya intención es hacer valer una serie de derechos de la persona (que en realidad son necesidades, algo muy distinto), de cuyo respeto (la satisfacción de la necesidad) depende esa justicia, la social. Derecho a la alimentación; a la salud; a la educación; al calzado y al vestido; a la vivienda digna; al transporte, etc., todo lo cual son necesidades, no derechos, necesidades convertidas arbitrariamente en derechos y, precisamente por ello, en aquello que demanda el cumplimiento de una obligación de parte de un tercero, de tal manera que el “derecho” a la alimentación de A supone la obligación de G de darle de comer, y así con cada una de las necesidades convertidas caprichosamente en derechos.

En el caso de la justicia social las obligaciones que corresponden a cada uno de esos “derechos” son obligaciones del gobierno. Decir que, en aras de la justicia social, A tiene derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al calzado y al vestido, a la vivienda digna, al transporte, etc., es afirmar que el gobierno tiene la obligación de proveer los satisfactores correspondientes: comida, atención médica, escuelas y maestros, etc., etc., etc., obligación ante la cual podríamos preguntar, ¿y qué tiene de malo? ¡Qué bueno que haya alguien que vele por la satisfacción de las necesidades de las personas!

Para responder la pregunta ¿qué tiene de malo? preguntémonos de dónde saca el gobierno los recursos para poder satisfacer esas necesidades, pregunta cuya respuesta es: de una u otra manera, ayer, hoy o mañana, de los impuestos, es decir, de la obligación, impuesta por ley al contribuyente, de entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo, de tal manera que la práctica gubernamental de la justicia social supone quitarle a A, lo que es de A (parte del producto de su trabajo), para darle a B, lo que no es de B (lo que no es producto de su trabajo). Supone un robo legal en nombre de la justicia social, lo cual, para Montesquieu, y para quien esto escribe, es una de las peores tiranías, precisamente por lo dicho al inicio de este escrito: esa tiranía aparece como la lucha legal a favor de la justicia, ¿y quién, en su sano juicio, se opondría a luchar, con la ley en la mano, a favor de la justicia?

Dos consideraciones. Primera: el adjetivo legal no le quita lo injusto al sustantivo robo. Segundo: si hay algún sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. La justicia social, que supone quitarle a A lo que es suyo, para darle a B lo que no es suyo, es un robo, una injusticia sin adjetivos.

El encargado de hacer valer la justicia social es el Estado Benefactor, que no pasa de ser gobierno redistribuidor, encargado de practicar la expoliación legal, Estado Benefactor que no existía en los tiempos de Montesquieu (siglos XVII y XVIII), pese a lo cual él se dio cuenta de que no hay mayor tiranía que aquella que tiene lugar bajo el amparo de la ley y en nombre de la justicia, justicia que hoy es la social, leyes que hoy son las tributarias (que definen qué impuestos, a qué tasas y a quiénes se les cobran; en pocas palabras: a quién se le quita cuánto) y las presupuestarias (que definen en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno; en pocas palabras: a quién se le da cuánto), justicia social que es vista, por muchos, no solamente como legal, sino como justa.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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