Aceptemos que necesitamos un gobierno que realice las siguientes tareas: 1) proteger a los ciudadanos contra la violación de sus derechos; 2) castigar a quien viole los derechos de terceros; 3) ofrecer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser ofrecidos; 4) ordenar la convivencia en los espacios públicos; 5) corregir las externalidades negativas, que realmente deban ser corregidas, y que realmente puedan ser corregidas. ¿Qué tienen en común estas cinco tareas? Que ninguna de ellas supone la redistribución del ingreso, es decir, quitarle a A para darle, en exclusiva, a B, ya que cada una de esas cinco tareas el gobierno las realiza en beneficio de todos, de A y de B, y de C, D, E,…, X, Y, Z, sin exclusión de alguien.

¿Qué sucede cuando el gobierno pretende hacer algo más que las cinco tareas señaladas (lo cual supone ir más allá de garantizar derechos, de impartir justicia, de ofrecer bienes y servicios públicos, de ordenar la convivencia en los espacios públicos, y de corregir externalidades negativas), con el fin de satisfacer necesidades y/o defender intereses? Lo que sucede es que se abre la puerta a la redistribución del ingreso, es decir, a quitarle a A para darle, en exclusiva, a B. Tres ejemplos. El gobierno le quita a A para darle comida a B, comida que B consume en exclusiva. El gobierno le quita a A para darle medicinas a B, medicinas que B consume en exclusiva. El gobierno le quita a A para darle educación a B, educación que B consume en exclusiva. ¿Cómo le quita el gobierno a A? Cobrándole impuestos. ¿Cómo le da el gobierno en exclusiva a B? Por medio del gasto social en alimentación, atención médica y educación, y escribo en exclusiva porque la comida, la educación y la medicina que el gobierno le da a B, dado que son bienes y servicios escasos, no se los puede dar a nadie más. ¿De qué se trata? De redistribución: de quitarle a A lo que es producto de su trabajo, para darle a B lo que no es producto de su trabajo o, dicho de otro modo, de robarle a A para darle a B, robo que se lleva a cabo con todas las de la ley (hay una ley de ingresos y un presupuesto de egresos aprobados por el Poder Legislativo), legalidad que no le quita lo injusto a la redistribución, injusticia que moralmente la descalifica, descalificación que tiene sin cuidado a todos los gobiernos. Y escribo a todos los gobiernos porque hoy no hay un gobierno, ¡ni siquiera el que confirmaría la regla!, que no redistribuya. No solamente no lo hay sino que, como lo señala Amagi, hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, lo que hace de cualquier gobierno el amo y señor del producto del trabajo de sus súbditos, ¡perdón!, quise decir ciudadanos, y ello por una simple y sencilla razón: basta y sobra que el Poder Legislativo apruebe el cobro de más impuestos para que, ¡por ley!, el ciudadano (¿no sería correcto escribir súbdito?) tenga la obligación de entregarle al recaudador una mayor porción del producto de su trabajo, todo lo cual es injusto, porque viola el derecho de propiedad privada.

Según el diccionario súbdito es quien está “sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”, siendo que ese superior, en las democracias contemporáneas, es la ley, que se vuelve tiránica cuando es, como lo son casi todas las leyes tributarias, injusta, es decir, cuando aprueba que el gobierno le quite a A lo es producto de su trabajo para darle a B lo que no es producto de su trabajo, lo cual, insisto, no pasa de ser un robo legal, legalidad que no le quita lo injusto, momento de hacer, ¡y de responder!, esta pregunta: tiene, o no tiene, el ser humano el derecho al producto íntegro de su trabajo, lo cual supone dos cosas: que el trabajador reciba el pago íntegro acordado con el empleador y que, recibido ese pago, nadie lo obligue a entregarle una parte del mismo, ¡mucho menos con fines redistributivos!, que es precisamente lo que hace el gobierno, cualquier gobierno, todo gobierno, cuya esencia es hoy, antes que cualquier otra, la expoliación legal.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.