Suponiendo al gobernante 100 por ciento honesto (lo cual supone, ¡erróneamente!, que en materia de honestidad, y por lo tanto de ética, hay grados, siendo que la cuestión es de principios, no de mucho o poco, y por lo tanto es absoluta, no relativa), ¿podrá ser también 100 por ciento eficaz en la realización de su tarea esencial, que es defender al ciudadano del delincuente o, dicho de otra manera, garantizarle el respeto a sus derechos, tanto los naturales (con los que es concebido: vida, libertad y propiedad), como los contractuales (los que adquiere voluntariamente por así haberlo pactado con alguien más)? El 100 por ciento de honradez, ¿equivale al 100 por ciento de eficacia, sobre todo en el caso de los gobernantes?

Antes de avanzar con mi razonamiento, y para entenderlo mejor, tengamos en cuenta que una de las causas de la ineficacia del gobernante es su deshonestidad, y pongo un ejemplo sencillo: si el policía (que en este caso representa al gobernante) está coludido con el ladrón (deshonestidad), ¿evitará (eficacia) el asalto que éste está a punto de cometer en contra de algún ciudadano? Obviamente no, siendo la causa de su ineficacia (falta de capacidad para lograr el efecto que de él se espera: evitar el asalto) su falta de honestidad (incapacidad para comportarse debidamente según su cualidad de policía). Aceptado que una de las causas de la ineficacia del gobernante (por ejemplo: el policía) es la deshonestidad del gobernante (nuevamente el policía), ¿podemos afirmar que entonces el 100 por ciento de honradez del policía equivale al 100 por ciento de eficacia del policía?

Aceptando el 100 por ciento de honradez en el gobernante, cuya tarea esencial es hacer respetar los derechos de los ciudadanos, su eficacia en la realización de tal tarea nunca será total: nunca podrá garantizarle a todos, y todo el tiempo, el respeto a sus derechos, por lo que siempre habrá alguna cantidad de delitos, con relación a los cuales, de manera espontánea, en función de lo que se ha vuelto costumbre, y por lo tanto es aceptado como normal, los ciudadanos fijan un límite, por debajo del cual la cantidad de delitos es tolerable, y por arriba del cual deja de serlo, pudiendo llegar a ser intolerable, y no por la deshonestidad del gobernante, sino por su ineficacia, una de cuyas causas está en la proporción de ciudadanos que delinquen, y me voy al extremo: si todos los ciudadanos, menos los gobernantes, delinquen, por más honestos que sean los segundos, ¿qué tan eficaces pueden ser contra los primeros?

Mantener la delincuencia dentro de los márgenes aceptables (lo cual supone detención, juicio, condena y castigo del delincuente, no impunidad), según las costumbres de cada sociedad, más que deberse a la eficacia de los gobernantes se debe a la ética de los ciudadanos, es decir, más que deberse al temor de ser capturados, juzgados, condenados y castigados, se debe al reconocimiento de que para convivir civilizadamente se deben respetar los derechos de los demás, y no, ¡insisto!, por miedo al castigo impuesto por el gobierno, sino por convicción, por reconocer que es lo debido, y que lo es porque eso, ¡precisamente eso!, es lo que exigimos de los demás respecto a nosotros: que respetan nuestros derechos.

No nos hagamos ilusiones en torno a la eficacia de los gobernantes para hacer reptar nuestros derechos, respeto que se debe más, ¡mucho más!, al comportamiento ético de la mayoría de los ciudadanos, que al poder del gobernante, por más honesto que éste pueda ser. Félix de Jesús tiene razón, lo cual quiere decir que la convivencia civilizada, allí donde la mayoría respeta los derechos de los demás, es consecuencia, no de la legalidad impuesta por el gobierno, sino de la ética asumida libremente por la persona, por lo tanto no de lo legalmente necesario sino de lo éticamente libre.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.