¿Cuál debe ser (desafortunadamente no siempre lo es) la tarea de la ley positiva (que no debe confundirse con la ley positivista), es decir, de la ley redactada y promulgada por el ser humano? Garantizar los derechos (que realmente lo sean) de la persona, derechos (que no deben confundirse o identificarse con necesidades o intereses) que sólo pueden ser de dos tipos: los naturales, aquellos con los que la persona es concebida (a la vida, la libertad individual y la propiedad privada), y los contractuales, aquellos que la persona adquiere voluntariamente, consecuencia de así haberlo pactado con alguien más. La tarea de la ley positiva debe ser, a partir del reconocimiento de esos derechos, que son anteriores y superiores a dicha ley, garantizarlos, lo cual comienza por prohibir su violación y, en caso de que la prohibición no surta efecto, castigar a quien los haya violado.

¿Cuál debe ser el fin la ley positiva? Hacer valer la justicia, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los demás, derechos, sobre todo los naturales, que son anteriores y superiores a la ley positiva, en función de los cuales aquélla debe redactarse y promulgarse, siendo esa ley positiva la única justa, y la única que impone una obligación moral hacia su respeto, respeto que no es otra cosa más que el respeto a los derechos a los demás, piedra de toque de la convivencia civilizada. El respeto el derecho ajeno: convicción, actitud y conducta civilizatoria.

De lo escrito hasta aquí se deduce que la ley positiva, que tenga como fin hacer valer los derechos (insisto: que realmente lo sean) de la persona debe obedecerse y, de no darse esa obediencia, imponerse por la fuerza, momento de distinguir entre la ley positiva justa, y justa por estar redactada y promulgada en función de los derechos de la persona, que son anteriores y superiores a cualquier legislación, y la ley positiva positivista, por la que el legislador, de manera arbitraria, al margen de los derechos de la persona, y por ello en contra de la justicia, define lo que son derechos (por ejemplo: identificando erróneamente necesidades e intereses, por un lado, con derechos por el otro) y lo que es justo (todo aquello que él defina como tal), ley positiva positivista que parte del supuesto, ¡falso!, de que es justo todo lo que el legislador define como tal, y que es ley justa toda ley por él redactada y promulgada, supuestos que abren la puerta a una de las más serias amenazas en contra de la vida, la libertad y la propiedad: el legislador creando derechos, definiendo lo que es justo y lo que no lo es, redactando leyes que, por el simple hecho de haber sido redactadas por él, obligan a su obediencia. ¿De qué se trata? De la dictadura legal, de la dictadura por medio de la ley, de la ley positiva positivista, de la ley injusta, cuya primera orden es: “Obedéceme, porque soy la ley”.

Toda ley, cualquier ley, por el hecho de serlo, ¿debe obedecerse? No, ¡claro que no! Por ello lo dicho por Torra: nunca la ley por la ley, sólo las leyes justas, momento de hacer las siguientes preguntas: ¿cuántos legisladores saben la respuesta correcta a la pregunta qué es un derecho?; ¿cuántos saben la respuesta correcta a la pregunta cuántos tipos de derechos hay?; ¿cuántos saben la respuesta correcta a la pregunta qué es una ley justa?; ¿cuántos saben la respuesta correcta a la pregunta cuál es la diferencia entre derechos, por un lado, y necesidades e intereses, por el otro?; ¿cuántos saben la respuesta correcta a la pregunta qué sucede cuando se redactan y promulgan leyes, no para garantizar derechos (que realmente lo sean), sino para satisfacer necesidades o defender intereses?; ¿cuántos legisladores saben la respuesta correcta a la pregunta qué pasa cuando ellos se creen la fuente, el origen, de la justicia y del derecho?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.