Siempre conviene, cuando se va a hablar de algún tema, definir los términos, tanto desde el punto de vista literal (lo que la palabra quiere decir) como desde el punto de vista real (lo que la palabra significa en la práctica). Tal definición resulta útil cuando el término en cuestión es democracia.

¿Qué quiere decir, literalmente, la palabra democracia? Poder del pueblo, cualquier cosa que ello signifique, significado que hay empezar a desentrañar respondiendo estas dos preguntas: ¿quién es el pueblo, sobre todo para el efecto práctico de ejercer ese poder? y ¿en qué consiste ese poder que es del pueblo y que deberá ejercer, que para eso es el poder, para ejercerlo? Por lo pronto demos pueblo y kratós poder.

¿Qué significa, en la práctica, la democracia? La elección, de parte de una mayoría, que puede ser relativa o absoluta, pero solo mayoría nunca totalidad, de quienes gobernarán, tanto desde el Poder Legislativo, como desde el Ejecutivo.

La práctica de la democracia supone un poder, el poder para elegir gobernantes, pero no un poder del pueblo, sobre todo si por pueblo entendemos la totalidad de los ciudadanos de una comunidad política, sino solamente de una parte del pueblo, la que en la elección conformó la mayoría, relativa o absoluta, pero solo eso, mayoría, que nunca es totalidad, salvo en el caso, que yo no calificaría de improbable o excepcional, sino de imposible, de que la totalidad vote en un mismo sentido.

Partiendo de lo que la democracia significa en la práctica podemos decir que la misma es el poder de la mayoría para elegir gobernantes, mismo que, por haber sido electos por la mayoría, cuentan con la legitimidad de origen, que en la democracia otorga el sufragio efectivo, restándoles adquirir la legitimidad por la práctica que se gana, o se pierde, con el buen o mal uso que hagan del poder gubernamental, que es poder para obligar, prohibir y castigar. Obligar, prohibir y castigar, ¿qué? ¿Cualquier conducta que la mayoría crea que debe obligarse, prohibirse y castigarse? ¿Cualquier conducta que, al margen de lo que la mayoría crea, se le ocurra al gobernante obligar, prohibir o castigar? Cualquier obligación, prohibición o castigo decidido por la mayoría, ¿es correcto? Cualquier obligación, prohibición o castigo que se le ocurra al gobernante, ¿es correcto? La voluntad de la mayoría, ¿lo justifica todo? El poder del gobernante, ¿justifica cualquier conducta? La voluntad de la mayoría, ¿está por arriba de los derechos de cada quien? Y el poder del gobernante, sobre todo si cuenta con la legitimidad de origen, ¿también está por arriba de los derechos individuales? No, claro que no, y sin embargo muchas veces, tanto la mayoría, como el gobernante, actúan como si así fuera. A eso es a lo que se refiere Santa Cruz, y para comprobarlo basta ver sobre lo que deciden las mayorías, comenzando por las legislativas, y basta ver el comportamiento de los gobernantes, comenzando por el Poder Ejecutivo, mayorías legislativas y poderes ejecutivos que son la principal amenaza para los derechos de los ciudadanos, debiendo ser sus primeros defensores.

El que lo decida una mayoría, o el que lo haga un gobernante, no es garantía de justicia, sobre todo si esa decisión y esa conducta no están limitadas por el respeto a los derechos individuales, que en eso, en el respeto a los derechos de los demás, consiste la justicia.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.