Tres son los poderes del gobierno: poder obligar, prohibir y castigar, y el más importante es el poder obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, ¡cobrar impuestos!, mismos que, independientemente de cuál sea el objeto gravado (el ingreso, producto del trabajo; la compra de bienes y servicios, producto del ingreso; las propiedades, también producto del ingreso), se pagan con el ingreso del contribuyente.

Directa o indirectamente todos los impuestos son impuestos al ingreso, por lo que, en la medida en la que el gobierno tenga un mayor control sobre los ingresos de los ciudadanos, desde cómo y cuánto se genera, hasta cuánto y cómo se gasta, será más eficaz al recaudar. En su calidad de recaudador al gobierno le conviene ser un Big Brother orwelliano, que todo lo ve, por lo que puede castigar a quien no cumpla con sus obligaciones tributarias.

Una manera de elevar la eficacia recaudadora del gobierno es que pueda rastrear las transacciones comerciales de los agentes económicos, algo que técnicamente ya es posible, aunque todavía no lo sea en todos los casos. Me refiero al uso de aplicaciones, para dispositivos móviles, que permiten realizar transferencias electrónicas de dinero de manera inmediata, mismas que quedan registradas y, ¡por lo tanto!, rastreables, aplicaciones que son la principal arma, a favor del recaudador, en la guerra contra el efectivo, uso de efectivo que, como lo apunta Guillermo Barba, “le permite al individuo hacer sus transacciones protegiendo su derecho a la privacidad y la confidencialidad”, tal y como debe ser, sin olvidar lo dicho por Lawrence White: “Quitarles a las personas sus mejores opciones, incluyendo las opciones de medio de pago, rara vez es una forma de enriquecerlas o mejorar su situación desde su perspectiva”.

Cierto, los gobiernos no obligan (todavía) al uso de tales aplicaciones, pero los agentes económicos, dadas las ventajas de las mismas, pueden decidir usarlas sin que el gobierno los obligue, cayendo en la trampa. Dichas aplicaciones elevan la eficacia en la realización de pagos, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo elevan la eficacia del gobierno para fiscalizar al contribuyente, lo cual es malo, comenzando por la asimetría en la materia.

Que el fisco fiscalice y sancione eficazmente al contribuyente, siempre y cuando el contribuyente pueda fiscalizar y sancionar, con por lo menos igual eficacia, a quienes gastan esos recursos, extraídos coactivamente del bolsillo de los contribuyentes, lo cual quiere decir que si una aplicación permite que el recaudador fiscalice eficazmente al contribuyente, debe inventarse otra aplicación que permita que el ciudadano haga lo mismo con quienes gastan ese dinero y, lo más importante, que se sancione a quienes no lo gasten como debe gastarse.

Lo que Becerra dice es que el uso de los dispositivos que eliminan el uso de efectivo en las transacciones comerciales son una garantía de un mayor control del gobierno sobre el ciudadano, del recaudador sobre el contribuyente, control frente al cual el contribuyente y el ciudadano debe revelarse. ¿Cómo? No cayendo en la tentación de usar tales dispositivos, iniciando un movimiento a favor del uso del efectivo, que es, como lo apunta Becerra, por su eficiencia, versatilidad, irrastreabilidad y anonimato,  garantía de libertad individual y, por ello, de respeto a la propiedad privada.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.