Lo único que es garantía de la libertad es el respeto, de cada uno, a la libertad de los demás, lo cual es un asunto ético, relacionado con la virtud de la justicia, que es el hábito por el cual respetamos los derechos de los demás, entre los que se encuentra el derecho a la libertad individual, el derecho a hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no violemos los derechos de los demás. Respetando los derechos de los demás, que cada quien haga lo que quiera, tal y como debe ser donde se convive civilizadamente.

El problema, y la necesidad de resolverlo, surgen cuando aparecen quienes, queriendo que los otros respeten sus derechos, no están dispuestos a respetar los derechos de los demás. No están dispuestos a actuar con reciprocidad: quiero que tú respetes mis derechos, pero yo no quiero respetar los tuyos.

¿Cómo resolver el problema? Existen varias maneras y la más socorrida ha sido la creación del gobierno, de una organización con la legitimidad y el poder suficientes para prohibir la violación de derechos (tarea del Poder Legislativo) y castigar a quien los viole (tarea del Poder Judicial), poder que, para que no termine haciendo lo que debe evitar (que se violen derechos), debe limitarse.

¿Cómo limitar el poder gubernamental? Una de las maneras que hemos inventado para hacerlo son las constituciones políticas, con uno de sus antecedentes más lejano en la Carta Magna (Magna Carta Libertatum, Gran Carta de las Libertades) de 1215, cuyo fin debe ser reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los ciudadanos frente al gobierno y a sus tres poderes: prohibir, obligar y castigar. Este debe ser el fin de las constituciones. No siempre lo ha sido, mucho menos en la actualidad. Por eso la afirmación de Rodríguez Braun, que podemos analizar desde distintas perspectivas. Centro la atención en la más importante: la diferencia entre lo justo y lo legal.

Lo legal, lo que dice la ley, tiene sentido si está a favor de la justicia, del respeto a los derechos de las personas. Desde este punto de vista hay dos tipos de legalidad: la lícita, a favor de la justicia, en contra de la violación de los derechos; la ilícita, en contra de la justicia, a favor de la violación de los derechos.

Lo que le conviene al gobernante autócrata es hacer creer que lo importante es lo legal, lo que su ley dice, no la justicia, no el respeto a los derechos de los demás. Y lo que más le conviene a dicho gobernante es que su visión de cómo debe organizarse la sociedad, de cuáles son las tareas del gobierno, de cómo debe comportarse la persona, de cuál es la relación correcta entre él y el resto de los mortales, quede plasmada en la constitución, por lo que todo ello será constitucional, y lo constitucional puede ser considerado lo non plus ultra de lo legal, y lo legal lo únicamente válido.

Es correcto porque lo dice la constitución. Es correcto porque lo dice la ley. Sí, y solo sí, si lo que dice la ley y la constitución es justo. Y no siempre no lo es. ¡Cuidado con caer en la trampa de la legalidad, sobre todo de la ilícita!

Por ello, pongamos el punto sobre la i.