La coalición Por el bien de todos (que se ha convertido en el mal de muchos), encabezada por el delincuente (¿cuántos derechos y leyes ha violado en las últimas semanas, comenzando, ¡el colmo de la incongruencia!, por el bando promulgado por él,  el 13 de diciembre del 2000, en el cual se afirma que el gobierno capitalino “no permitirá el bloqueo de avenidas y vialidades primarias que desquicien el tráfico (…) y afecten el libre tránsito de terceros”?) López Obrador ha comenzado el secuestro de la Ciudad de México, y con él la violación al derecho de tránsito (reconocido y garantizado en el artículo 11 constitucional) y al trabajo (admitido y asegurado en el artículo 5 de la Constitución), con el perjuicio económico inevitable: pérdidas de hasta 12 millones de dólares diarios en los hoteles de la zona, según los cálculos de la Asociación de Hoteles del D.F., y de hasta 100 millones de pesos, al día, en los comercios, según información proporcionada por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Mal que López Obrador comience el secuestro de la ciudad, pero peor que el gobierno de la misma, no solamente lo permita, sino lo apoye. ¡Qué poca vergüenza de Encinas y, por lo que ha dicho hasta el momento (“la resistencia civil causa algunas molestias, les pedimos disculpas…”), también de quien lo sucederá en el cargo: Ebrad! La reacción del gobierno capitalino ante el secuestro de la ciudad, reacción a favor de los delincuentes, no de las víctimas, se presta para volver a hacer la pregunta: ¿qué es gobernar?

Gobernar es crear y mantener un orden justo, siendo justo aquel orden que, de entrada, reconoce y garantiza los derechos de la persona a la vida, la libertad y la propiedad. Reconocer y garantizar los derechos a trabajar y transitar forman parte de ese orden justo, al que, acciones como las llevadas a cabo por López Obrador, viola. Ante esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Mantener el orden justo, repartiendo bofetadas si es necesario o, para decirlo de manera técnica, haciendo uso del monopolio legítimo de la fuerza pública. La esencia del gobierno es el uso de la fuerza con el objetivo de mantener el orden justo, es decir, con el fin de garantizar la vida, la libertad y la propiedad de la gente.

Llegados a este punto surge otra pregunta: ¿qué justifica el cobro de impuestos? En primer lugar, que el gobierno haga, con honestidad y eficacia, su principal tarea, que es mantener el orden justo, garantizando la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Si el gobierno no cumple esta tarea, sobre todo ésta, ¿se justifica el cobro de impuestos? No. Y si el gobierno no la cumple, y si para colmo de males se pasa del lado de los delincuentes, y si para mayor colmo de males mayores no hay manera de hacerlo entrar en razón, ¿qué podemos (¡¡debemos!!) hacer los gobernados, que realmente sea eficaz, para hacer entrar en razón a nuestros gobernantes? Solamente hay una respuesta: dejar de pagar impuestos, aclarando que no se trata de un fin –no pagar impuestos-, sino de un medio para lograr un objetivo: que el gobierno sea gobierno, es decir, que mantenga el orden justo, aunque para ello tenga que repartir bofetadas. Insisto: la esencia del gobierno es el uso de la fuerza con el objetivo de garantizar la vida, la libertad y la propiedad de la gente, es decir, con el fin de mantener el orden justo.  Si ello es así, y así es, ¿tenemos gobierno?