El reciente convenio que se firmó entre el IMSS y sus trabajadores en lo concerniente al nuevo régimen de pensiones y jubilaciones es una tomadura de pelo. Sin violar la Ley del Seguro Social aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado, lo acordado sí viola, sin embargo, el espíritu de la misma. El gobierno de Fox, nuevamente, prefirió no cumplir con su obligación constitucional de salvaguardar íntegramente, en forma y espíritu, el estado de derecho y nos dejó en una posición que a la larga acarreará mayores costos para la sociedad.

Como se recuerda, la reforma que se hizo a la Ley del IMSS prohíbe que se utilicen las cuotas obrero–patronales para financiar las pensiones de los trabajadores del Instituto, de forma tal que para que el IMSS pudiese contratar nuevos trabajadores estos deberían aportar los recursos para fondear su propia jubilación. A pesar de ello, el convenio firmado la semana pasada está lejos, muy lejos, de cumplir con este mandato. El acuerdo establece que para los empleados que sean contratados a partir del 16 de octubre de 2005 la jubilación se alcanzará a los 35 años de servicio con una edad mínima de 60 años y una pensión equivalente al 100% del último sueldo, para lo cual aportarán el 10% de su salario, empezando en 4% y aumentando un punto porcentual por año, sin duda un avance respecto del esquema vigente para los trabajadores contratados previo a esta fecha, en el cual se jubilan a los 28 años de servicio (27 si son mujeres) y con una pensión equivalente al 130% de su último sueldo. El problema con este acuerdo radica en que con los recursos que los nuevos trabajadores aporten no se alcanza a cubrir su pensión, habiéndose requerido para ello que su aportación fuese equivalente al 22% de su sueldo desde el primer año laboral. La pregunta entonces es de dónde salen los recursos requeridos para financiar las pensiones de los nuevos trabajadores. La respuesta: de las aportaciones de los actuales trabajadores, cuyas aportaciones pasan del 3% actual al 10% a través de un incremento anual de un punto. Estas mayores aportaciones de los actuales trabajadores no se utilizan para reducir el pasivo laboral actual que existe y que asciende a más de 700 mil millones de pesos, sino para financiar con un 3% las pensiones de los ya jubilados y con el restante 7% las pensiones de los nuevos trabajadores; nada para financiar sus propias pensiones. Así el gobierno, bajo este acuerdo, asume íntegramente el pasivo laboral derivado del régimen de pensiones vigente para los actuales trabajadores. No se viola la Ley pero sí su espíritu.

Con este arreglo, este esquema es sostenible solamente por cuatro o cinco años, periodo en el cual se van a jubilar aproximadamente otros 60,000 trabajadores. En la actualidad hay 360,000 trabajadores en activo que contribuyen a pagar las pensiones de 130,000 jubilados; en el 2010 habrá 300,000 trabajadores contratados bajo el régimen anterior que mantendrán con el 3% de su aportación la jubilación de 180,000 jubilados (aproximadamente 10,000 jubilados se morirán entre 2005 y 2010), mientras que el otro 7% servirá para constituir el fondo de las 60,000 nuevas personas que se contratarán para sustituir a las que se vayan jubilando. A partir del 2010 este esquema ya no es financiable debido a que estos nuevos 60,000 trabajadores no habrán aportado lo que se requiere para hacer el régimen de pensiones autofinanciable, tal como lo marca la Ley, por lo que se requerirá, entonces, de una nueva reforma.

Dado lo anterior, ¿de que se vanagloria Fox? Por no querer enfrentar a un debilitado y desprestigiado sindicato, se perdió la oportunidad de hacer una modificación significativa y definitiva al régimen de pensiones del IMSS y no existirán recursos, a pesar de lo dicho por el presidente, para invertir y modernizar y ampliar la capacidad de atención del Instituto para los 45 millones de derechohabientes, a menos que sean recursos que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cargo de los contribuyentes. El gobierno cedió frente al sindicato y, como en otras ocasiones, evadió su responsabilidad de velar por el interés de todos los mexicanos. Y mientras, la injusticia hacia todos aquellos trabajadores afiliados al IMSS prevalece.