Calderón señaló, en el aniversario 150 de la Constitución de 1857, y 90 de la de 1917, que “en el concierto de las naciones México se erige hoy como un Estado moderno, democrático y soberano que garantiza las libertades de todos, tal como quisieron los liberales de la Constitución del 57”, lo cual simple y sencillamente no es cierto. Calderón, ¿no se ha dado cuenta de ello? Y si ya cayó en la cuenta, ¿por qué no lo señala? En el mejor de los casos la Constitución del 17, sobre todo a partir de la inserción del capítulo económico de 1983, garantiza algunas libertades, pero no todas las libertades, mucho menos en el campo económico.

Leemos, en el artículo 4 de la Constitución de 1857, que “todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos”, y que “ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad”.

Al señalar que todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, la Constitución de 1857 reconoce y garantiza la libertad, de la misma manera que al señalar que todo hombre es libre para aprovecharse de los productos de su industria, profesión o trabajo reconoce y garantiza la propiedad, siendo que ni la una – libertad -, ni la otra – propiedad -, se le impedirá a ninguna persona, imponiéndose el único límite aceptable: el respeto a los derechos de los demás.

¿Existe algo equivalente en la Constitución de 1917? Sí, ya que en su artículo 5 leemos que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, y que “el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataque a los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofenda los derechos de la sociedad”, concluyendo que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, texto que responde al espíritu liberal de la Constitución de 1857, reconociendo y garantizando libertad y propiedad, con un solo límite: el respeto a los derechos de los demás.

Hasta aquí hay, en ambas constituciones, desde el punto de vista de la ciencia económica, acierto, y, desde la perspectiva de la lógica,  coherencia. Acierto, porque la libertad personal para emprender, trabajar, intercambiar y consumir, así como la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, son causas eficientes del progreso económico. Coherencia, porque no hay nada que, en algún otro artículo, contradiga lo escrito en reconocimiento y garantía de la libertad y la propiedad los agentes económicos.

Hasta aquí lo dicho por Calderón,  en el sentido de que “el Constituyente del 17 ratificó los principios liberales de la Constitución del 57…”, al menos en lo relacionado con la economía es, en términos generales, cierto. El problema es que, en materia de economía, la Constitución vigente hoy no es, estrictamente hablando, la de 1917, sino la de 1983, constituciones esencialmente diferentes.

Calderón, ¿no se ha dado cuenta? Y si ya se dio, ¿por qué no lo señala?

Continuará.