Se ha hecho ya una costumbre. En México no hay protesta que valga si no se violan los derechos de tránsito de las mayorías.

Este pasado 2 de mayo fuimos nuevamente testigos de la impunidad con la cual en México se bloquean las vías de comunicación. Decenas de plantones se llevaron a cabo en el Distrito Federal, en algunos casos realizados por unas cuantas decenas de activistas supuestamente de izquierda, lo cual afectó a cientos de miles de personas que, desesperados, trataban de llegar a sus trabajos o a sus compromisos. La policía capitalina, en lugar de cumplir con su deber y mantener abiertas las vías de comunicación, simplemente se dedicó a proteger a los manifestantes para evitar que los ciudadanos desesperados pudieran hacerles algo.

Los extranjeros miran con asombro lo que ya se ha convertido en una costumbre en la ciudad de México y en algunos otros lugares del país. En las naciones democráticas del mundo se respeta, por supuesto, la libertad de manifestación, pero no se permite que los distintos grupos políticos cierren las vías de comunicación. Esto es algo que sólo sucede en México.

Lo más irritante de la situación es que los gobiernos se convierten en cómplices de estos bloqueos. En el Distrito Federal esto es particularmente claro. Las organizaciones que llevaron a cabo las movilizaciones y los bloqueos del 2 de mayo eran todas cercanas al PRD, que es también el partido que gobierna desde 1997 la capital del país. En tales condiciones no sorprende que la policía, en lugar de intervenir para proteger los derechos de las mayorías y mantener abiertas las calles, como ocurre en los países democráticos del mundo, se dedique más bien a proteger a los pequeños grupos que bloquean las vías de comunicación. Es más importante garantizar a estos pequeños grupos de perredistas el derecho a jugar una cascarita en una gran avenida que el de los ciudadanos y contribuyentes a circular por esas vías.

La estrategia es evidente. Lo que buscan estos grupos es que, al bloquear las vías de comunicación, los ciudadanos se exasperen y lleven su frustración a un rechazo al gobierno federal. Pero en espera de que esta reacción se produzca, lo cual es poco probable, ellos continúan violando el derecho al libre tránsito de los ciudadanos y con el apoyo del gobierno perredista del Distrito Federal, el mismo que patrocinó el bloqueo del paseo de la Reforma del 2006.

Debemos abandonar como nación esta estrategia tan perversa. Tenemos ya formas de ventilar a profundidad los temas de discusión de nuestro país. Lo hemos visto recientemente en las controversias sobre la Ley del ISSSTE y la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Los temas se han debatido intensamente en los congresos pero también en los medios de comunicación. Es evidente que quienes tienen la mayoría en los cuerpos legislativos son los que podrán imponer su criterio, pero los foros para la discusión están abiertos. Ya no es aceptable que, para defender sus intereses, los grupos políticos tomen como rehenes a los ciudadanos, y que las policías, en lugar de cumplir con su obligación de salvaguardar los derechos de la gente, se dediquen a proteger a los políticos que convierten las avenidas en canchas para cascaritas.