Este domingo 27 de mayo se canceló la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), una emisora privada que ha venido transmitiendo ininterrumpidamente desde 1953. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela que se lanzó a la fama con un intento de golpe de estado militar, acusa a la televisora de haber apoyado un intento de golpe de estado en su contra. La verdad, sin embargo, es que el presidente venezolano, que ha anunciado ya que pretende permanecer en el poder de manera indefinida, se ha sentido molesto por la posición crítica que RCTV ha mantenido frente a un régimen que se vuelve cada vez más autoritario.

La decisión ha sido cuestionada por organizaciones de defensa de la democracia y la libertad de expresión en buena parte del mundo. Pero Chávez se ha burlado simplemente de sus críticos. Él sabe que con esta medida está llevando a cabo una estatización sin indemnización y que está obteniendo un nuevo instrumento de control en un país en el que poco a poco empiezan a desaparecer los medios críticos. Pero también está mandando un mensaje para cualquier periodista o medio de comunicación que pretenda mantener alguna posición aunque sea medianamente crítica del gobierno de Chávez. Y el mensaje es que el gobierno tiene poderes discrecionales para castigar cualquier indisciplina.

Chávez violó la ley vigente para despojar a RCTV de su concesión. Si bien es verdad que este 27 de mayo de 2007 vencía la concesión de 20 años, la legislación todavía vigente en Venezuela establece que debe darse al concesionario una renovación automática por otros 20 años a menos de que éste haya violado la ley o los términos de la concesión. Pero Chávez ni siquiera se molestó en tratar de demostrar legalmente que la televisora hubiera violado alguna ley. Simplemente canceló la concesión de manera unilateral y discrecional.

Los mexicanos no podemos darnos el lujo de ver lo que está ocurriendo en Venezuela como si nos fuera ajeno. De hecho, una de las grandes disputas en torno a la Ley de Radio y Televisión que está siendo discutida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver precisamente con la renovación de concesiones. La legislación aprobada en abril de 2006 ha eliminado la discrecionalidad del presidente de la república no sólo en el otorgamiento de las concesiones sino también en su plazo y su renovación. Esto quiere decir que si un concesionario cumple con las disposiciones de la ley y con sus compromisos en su título de concesión, su concesión debe ser renovada de manera automática. La idea precisamente es evitar abusos como los de Hugo Chávez.

Los políticos de la vieja escuela, sin embargo, se oponen a que se aplique esta ley. Buscan devolver al presidente de México la facultad discrecional de entregar las concesiones a quien quiera, por el plazo que quiera y cancelarlas cuando quiera. Esto le permitiría al presidente mantener el fuerte control sobre los medios que tuvo en los tiempos del autoritarismo. Le daría nuevamente al gobierno de la república la facultad de tomar esas medidas discrecionales que hoy tanto enorgullecen a Hugo Chávez.

Quienes en Latinoamérica y el mundo defienden la democracia y la libertad de expresión tienen razón en sentirse irritados ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero no podemos olvidar que la misma amenaza se levanta también en nuestro México.