Hay quienes consideran, comenzando por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que la llamada Ley Televisa es anticonstitucional porque, al eliminar la discrecionalidad con la que el Estado, que en cada caso concreto es el Presidente de la República, otorgaba las concesiones de radio y televisión, limita la capacidad rectora del Estado sobre la actividad económica, consagrada en al artículo 25 de la Constitución, en el cual leemos “que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”, y que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”, todo lo cual puede suponer (más no es estrictamente necesario que así sea) el control estatal sobre el espectro radioeléctrico, mismo que se volvió uno de los fetiches del nacionalismo económico, cuando debería ser parte fundamental de la economía de mercado, basada en la libertad individual para emprender e invertir, y en la propiedad privada sobre los medios de producción, sin ninguna excepción, comenzando por el espectro radioeléctrico, al que debe tener acceso libre todo aquel que quiera y pueda invertir en telecomunicaciones.

Los gubernamentólatras comunistas creen que el Estado, encarnado en cada caso en el gobierno en turno, debe ser quien opere la radio y la televisión, prohibiendo la participación de los particulares, tal y como es el caso de los perredistas que aplaudieron la decisión del dictador Chávez de no renovarle a Radio Caracas Televisión la concesión para seguir transmitiendo. Los gubernamentólatras mercantilistas creen que el gobierno debe darle permiso a algunos de quienes quieren y pueden invertir en radio o televisión, permiso que siempre será discrecional, y por lo tanto condicionado, parte de la rectoría estatal sobre la actividad económica. Los gubernamentólatras “liberales” consideran que las frecuencias del espectro radioeléctrico deben ser subastadas al mejor postor, y la concesión así obtenida ser renovada automáticamente, salvo el caso de que el concesionario haya violado la ley o faltado a lo pactado en el título de concesión.

Sin duda que entre el gubernamentólatra comunista y el “liberal” hay diferencias importantes, en cuanto al adjetivo, pero que no afectan al sustantivo: el primero es comunista y el segundo “liberal”, pero ambos son gubernamentólatras, convencidos de que, en mayor o menor grado, de una u otra manera, el Estado y sus gobiernos deben ejercer la rectoría sobre el espectro radioeléctrico, decidiendo quién sí y quién no participa, y eligiendo las condiciones bajo las cuales los primeros pueden hacerlo, todo lo cual elimina, limita o atenta contra la libertad y la propiedad, contra la competencia y, por o tanto, contra el bienestar de los consumidores. Punto importante: cualquiera de los tres gubernamentólatras está a favor de la concesión, no de la propiedad.

Tal y como está redactado el capítulo 25 de la Constitución bien puede argumentarse que al eliminarse la discrecionalidad con la que el Primer Mandatario otorgaba las concesiones de radio y televisión, se limita la capacidad rectora del Estado sobre la actividad económica, sobre todo por tratarse de un factor de la producción – el espectro radioeléctrico -, que se convirtió en uno de los fetiches del nacionalismo económico, monopolizado por el Estado quien, en la persona del gobernante en turno, lo repartía discrecionalmente, con las consecuencias que todos conocemos: la creación de mercados mono y oligopólicos, siempre en contra de los intereses de los consumidores.

Lo ha dicho claramente Juan Pablo Roiz: “¿Se sigue justificando el esquema de concesiones y permisos del Estado cuando la tecnología ya nos rebasó y ha abierto espacios de libertad para los ciudadanos aunque les pese a los oligopolios? Ésa es la pregunta que todos temen plantear. Incluso la Corte y el gobierno federal”. Y esto, y no lo otro, es lo que se debería estar discutiendo.