La semana pasada el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público entregaron al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas correspondientes a la propuesta de reforma fiscal, también llamada Reforma Integral de la Hacienda Pública. Como era de esperarse, muchos comentarios se han vertido sobre el tema, destacando aquellos que suelen ser serios y objetivos en la exposición de las ventajas y desventajas de una u otra medida propuesta, y los otros, que lamentablemente, no dejan de representar demagogia y politiquería barata hacia el rechazo automático a todo aquello que tenga el sello del Ejecutivo por el simple hecho de venir de este órgano del poder.

Veamos. La propuesta de reforma fiscal presentada por las autoridades viene a erigirse como un proyecto que se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales:

1)        Establecer una estructura institucional que asegure un gasto más eficiente y transparente en los tres órdenes del gobierno.

2)        Replantear el federalismo fiscal dotando a los estados y municipios de mejores instrumentos e incentivos para atender las necesidades de los gobiernos locales y establecer una relación de corresponsabilidad entre todos los órdenes de gobierno.

3)        Mejorar la administración tributaria para facilitar el cumplimiento y combatir con mayor efectividad la evasión y elusión fiscales.

4)        Sentar las bases para un sistema tributario que permita sustituir los ingresos petroleros con fuentes más estables, empleando esquemas neutrales que promuevan la inversión, el crecimiento y la generación de empleos.

Una acotación precisa y acertada por parte de las autoridades fue lograda al explicar que: “Cualquier reforma fiscal debe empezar por el compromiso del gobierno para gastar mejor y para dar resultados comprobables que satisfagan a los ciudadanos”. Bajo esta perspectiva, la propuesta presentada deja en claro el establecimiento de mecanismos para incrementar la calidad del gasto, la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos, los cuales deberán ser evaluados por especialistas independientes de tal forma que sirvan para hacer mejores presupuestos en el futuro.

Aclarando esto, por qué entonces el coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República, Carlos Navarrete, se avienta el disparatado cometario de que "El PRD no le va a dar un cheque en blanco para que el Ejecutivo gaste lo que pretende recaudar si no hay un acuerdo fundamental de reorientación del gasto; porque no queremos un gobierno obeso, más gastador y despilfarrador". No contento con lo ya dicho remata dando su juicio de valor respecto a la propuesta: “es un gran parche fiscal; es sólo recaudatoria, porque no habla del gasto; no menciona disminuir el gasto corriente y deja intocados privilegios, no va al corazón de la desigualdad fiscal”.

Parece ser que el senador Navarrete leyó otra propuesta de reforma fiscal, probablemente alguna de cuando el PRI estaba en el poder, ya que sus ocurrencias no cuadran con la propuesta presentada por el Ejecutivo. En primer lugar hay que avisarle al legislador que por mandato constitucional los ingresos recaudados no se pueden “pre-etiquetar”; su destino es asignado en conjunto con el Poder Legislativo durante el proceso presupuestario (en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación –PEF- que se discute y se aprueba cada año). ¿Acaso no sabe de esto?, por supuesto que sí. Además, en el proyecto de reforma presentada la semana pasada, se especifica claramente en la sección del gasto público que se privilegiará al gasto de inversión sobre el gasto corriente para lo cual los gastos de operación del gobierno serán sujetados a controles más estrictos. Está claro que el aludido congresista o no sabe leer o desea cínicamente confundir a la opinión pública.

Otras críticas publicadas en los medios argumentan que el CETU desincentiva la generación de empleos y que la reciente propuesta de reforma fiscal atenta contra los sectores más desprotegidos. Eso es falso totalmente, ya que la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) incluye la aplicación de un subsidio al empleo que es relativamente mayor a para los que menos ganan, lo que tiene a proteger el empleo. Cabe decir que tal gravamen no afectaría a los contribuyentes que cumplen bien con sus obligaciones, sino sólo a aquellas empresas que no están cumpliendo cabalmente con lo que deberían y porque aprovechan el complejo esquema tributario del ISR para eludir.

Los medios también le están dando mucho vuelo a las quejas contra el impuesto a la informalidad. Pero en realidad no hay nada que temer (al menos quienes no tienen nada que ocultar). Al respecto se debe explicar que tal impuesto grave a una tasa del 2% únicamente los depósitos en efectivo que reciban las personas físicas y morales cuyo monto acumulado exceda de 20 mil pesos mensuales. La finalidad primordial de esta nueva contribución es la de crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del ISR y desaliente las medidas evasivas a su pago, sin repercutir a aquellos contribuyentes respecto de los cuales el origen de sus depósitos son identificables o están exentos. A aquellas personas (asalariados) que reciben su quincena a través de nómina, no se les aplicará el impuesto del 2% sobre depósitos bancarios. Además, en el peor de los casos, a las personas a las que se les aplique este gravamen lo podrán acreditar en su declaración mensual o anual contra el ISR. Vale la pena preguntarse por qué hay personas que nos exigen pagarles en efectivo por determinados bienes o servicios, sobre todo cuando se trata de mucho dinero… ¿qué tienen que ocultar?

La propuesta de reforma fiscal debe ser vista como la construcción de los cimientos hacia la Nueva Hacienda Pública que necesita nuestro país, no del final del proceso, sino del principio del mismo. Por lo mismo, esta propuesta integral representa un primer paso el cual se podrá ir mejorando y puliendo sobre la marcha. Mecanismos presentados en la propuesta de reforma fiscal como gastar mejor y ser evaluados conforme a indicadores de costo-beneficio, rediseño de federalismo fiscal, esquemas de impuestos sencillos con una base amplia para las empresas, combate a la evasión, elusión y privilegios fiscales, simplificación administrativa en el pago de impuestos y propuestas para fortalecer las finanzas públicas dependiendo cada vez menos de los ingresos petroleros representan una buena oportunidad para definir el rumbo hacia la consolidación de un mayor crecimiento y desarrollo económico. Esperemos a ver qué dicen nuestros legisladores.