No, definitivamente amigo lector, la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo enviada la semana pasada al Congreso, dista mucho de ser la reforma fiscal “ideal”; sin embargo, es un avance en varios frentes para que en un futuro cercano, sí tengamos una reforma integral de la Hacienda Pública y no los parches fiscales de siempre que sólo nos generan a los contribuyentes dolores de cabeza. Ojalá los legisladores la enriquezcan y no la conviertan en una miscelánea más, o peor aún, en un frankenstein fiscal.

La propuesta del Ejecutivo es atractiva por lo siguiente:

ü      La introducción del CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) evita los abusos que cometen grandes corporativos para deducir toda clase de “inversiones chatarra.” Ahí está el meollo del asunto, ahí está el por qué del berrinche de varios de los grandes corporativos que sacan jugo del actual sistema impositivo.

ü      Elimina la distorsión de dos precios relativos esenciales para el crecimiento económico: capital físico y capital humano; la propuesta es que se graven con una misma tasa impositiva.

ü      Al fin se eliminan los grandes privilegios fiscales (esa es la intención del CETU) de los que gozan sectores como el de agroindustria y transporte de carga y terrestre.

ü      Al ser un impuesto que se grava sobre los flujos de ingreso, hace que su pago sea sencillo, sin necesidad de realizar grandes y complejos cálculos contables.

ü      Al fin se hace una propuesta para que de una vez por todas el gasto público (en los tres niveles de gobierno) se someta a un análisis riguroso de costo-beneficio y que sea transparente (auditado por fuentes externas). De hacerse realidad esta propuesta, al fin se terminaría con el derroche que representa la construcción de grandes “elefantes blancos” (segundos pisos, playas artificiales, biblioteca nacional, etc.).

ü      Por fin se propone un sano federalismo fiscal para que los estados de la República también enfrenten el costo político de gastar en exceso; la propuesta va encaminada a que los gobiernos estatales se hagan responsables de una parte de la recaudación (principalmente por la vía de impuestos al consumo, lo que podría incluir a la gasolina) y no estiren sólo la mano a la Federación. Con esta propuesta, ahora sí estarían los gobiernos estatales interesados en realizar obra pública con rentabilidad social.

ü      La eliminación gradual del ilegal e inmoral impuesto a la tenencia vehicular (aunque hay que aclarar que esto permanece a discreción de los gobiernos estatales, que son finalmente los beneficiados por el cobro de dicho gravamen).

ü      Se propone que haya presupuestos plurianuales en proyectos de inversión en infraestructura, lo que reduciría sustancialmente su costo.

La propuesta del Ejecutivo no es atractiva por lo siguiente:

c        Aún no elimina el alto costo de pagar impuestos (el costo de oportunidad de los contribuyentes), pues el CETU convivirá con el ISR, lo que implica que las personas y las empresas aún no podrán deshacerse de su contador, que la mayoría de las veces representa un costo oneroso.

c        No queda claro el impuesto (2%) a las cuentas bancarias que durante un mes acumulen montos por 20 mil pesos. Para los bancos tendrá un costo y dada la inelasticidad de la demanda por servicios bancarios, es probable que al impuesto se agreguen comisiones (a cargo de los usuarios) por los comprobantes que elaboren los bancos. Por otro lado, es cierto, los contribuyentes que sí cumplen con sus impuestos podrán acreditar ante el SAT en caso de que realicen una transacción así, pero hay algunas lagunas que podrían pegarle injustamente a algunos contribuyentes; por ej. alguien que no vive en México, y por tanto no tributa en el país -tributa en el país extranjero donde vive-, pero realiza transacciones en instituciones bancarias mexicanas; ojo, esto no es ilegal. En fin que esto se puede perfeccionar.

c        La propuesta no incorpora IVA en alimentos y medicinas, lo que incluye que los más ricos siguen beneficiándose de su consumo exento; por desgracia la culpa de esto la tiene el PRI con su posición dogmática de decirle no al IVA a alimentos y medicinas.

c        Como bien apunta Arturo Damm, sería deseable que la propuesta incluyera la eliminación de varias secretarías y dependencias del gobierno federal que sólo son una carga pesada para el contribuyente que asciende a varios miles de millones de pesos. Podríamos empezar con la Secretaría de Economía.

Lo cierto es que la propuesta fiscal del Ejecutivo tiene elementos que pueden perfeccionarse, pero creemos, tiene más ventajas que desventajas. Estamos seguros de que en la Secretaría de Hacienda lo saben, pues en el futuro sería deseable eliminar la existencia del ISR y dejar vivo al CETU, que entonces sí sería un auténtico flat tax. El flat tax (impuesto único al estilo del CETU), tiene la ventaja de que elimina las perversiones que tiene el ISR, que no es más que un impuesto confiscatorio que se basa en gravámenes múltiples, progresivos y acumulativos.

La esencia del Flat-Tax consiste en llevar a la práctica lo que piensa cualquier persona sensata: “Si el contribuyente soy yo mismo, ¿por qué no me cobran un solo impuesto y dejan de complicarme la vida con centenares de tributos, tasas y contribuciones, que finalmente salen de una única billetera. El problema es que el obstáculo a esto casi siempre son los políticos y las grandes corporaciones que tienen centenares de abogados y contadores para evadir y eludir impuestos; no es el caso de los pequeños contribuyentes (personas físicas y empresas pequeñas y medianas), que somos la mayoría.

Este es el inicio de una verdadera transformación fiscal (insistimos, el inicio). Lo ideal es que en el futuro haya en México un impuesto único (y por abajo del 15%, como en Estonia e Irlanda); por lo pronto Hacienda está realizando bien su chamba. Ahora es el turno de los legisladores. Ojalá aguanten la presión de los poderosos grupos de interés a los que no les conviene el CETU.