Nuevamente se confirma el peso que tienen los grupos de interés en México (políticos y empresariales) en la formulación de las leyes, sobre todo las dirigidas a ponerle reglas al mercado.

Ley del Mercado de Valores, Autonomía de Gestión de Comisiones Financieras, Ley Federal de Radio y Televisión, en todas y cada una de ellas vemos a todo el desfile de buscadores de rentas tratando de impedir que la ley se aplique de manera imparcial y transparente a quien no acate las reglas de la sana competencia. Cada quien trata de que la regulación del Estado sea un traje a la medida que no estorbe en la consecución de rentas extraordinarias ó de proyectos políticos personales.

En medio de esta tormenta de intereses, el concepto y ejercicio de la regulación sale deformado, o peor aún, incomprendido.

Diversos organismos y agencias internacionales han publicado en los últimos días estudios muy interesantes sobre el crecimiento económico potencial que están perdiendo las economías emergentes por tener sistemas de regulación económica obsoletos.

México es un claro ejemplo de esto. Desgraciadamente durante muchos años en México la palabra regulación tiene connotaciones negativas, y eso se debe fundamentalmente a que en estos años las autoridades han confundido regulación con limitación de la libertad económica. Tristemente se ha identificado a la regulación con el burocratismo, el desperdicio de recursos del contribuyente y un freno a la libre iniciativa individual.

En efecto, en las economías emergentes algo que caracteriza a la regulación es que se ha convertido en un proceso en donde se benefician a unos grupos de interés en perjuicio de otros. En México, por ejemplo, se ha olvidado que el fin principal de la regulación económica es el de poner reglas claras (que se expresa a través de leyes) en los mercados que garanticen la eliminación de factores y barreras que inhiben la libre competencia, así como asegurarse de que éstas reglas se cumplan mediante una sólida arquitectura institucional. Protección de los derechos de propiedad, información transparente que garantice la sana competencia e inhiba el riesgo moral de los agentes privados, así como el beneficio del consumidor, son elementos que usualmente están ausentes en las agencias regulatorias mexicanas.

Diversos estudios confirman que el mejorar la calidad de la regulación puede elevar la productividad en diversos sectores de la economía.

Hoy que se pretende modernizar a una parte de la regulación mexicana, para que México sea más competitivo, salen a relucir toda clase de intereses y dogmatismos en materia de intervención del Estado en la economía.

Primero fue la Nueva Ley del Mercado de Valores (NLMV). Ahí fue patente el cabildeo de algunos grupos empresariales, que definitivamente no comulgan con la transparencia en la información financiera. Finalmente pudo salir la ley (lo cual ya es un buen avance en materia de gobierno corporativo), pero con algunas modificaciones que aún implican discrecionalidad en materia de toma de decisiones que afectan a los inversionistas privados. Aunque sólo fue una pequeña parte de todo el conjunto de elementos jurídicos que integran de la NLMV, quedó limitada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para informar a tiempo a los accionistas minoritarios sobre alguna falta grave (sólo se podrá decir si hay ó no investigación en curso) que realicen los tenedores mayoritarios de las acciones. Ni hablar, pudo más el juego de intereses que el interés del público en general.

Luego vino la propuesta para hacer transparente a diversas comisiones financieras como la propia CNBV, la Comisión Nacional de Seguros Y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En este caso, fue patética la reacción del candidato de izquierda, López, quién comenzó muy a su estilo, a hablar de toda clase de complots y de intenciones de “atarle las manos” para el ejercicio de la política económica. Y tiene razón. Las instituciones autónomas que garantizan el sano cumplimiento de los contratos de ahorradores, inversionistas, contribuyentes y consumidores son un arma contra los populistas. De ahí que la protección de la autonomía, por ejemplo, de la CONSAR, que garantiza que los recursos de los ahorradores serán maximizados y protegidos del gobierno (en el pasado el gobierno frecuentemente erosionaba los ahorros de los trabajadores para usarlos en campañas, construcción de elefantes blancos y pago de favores políticos), no le gusten a priístas del viejo orden como lo es el candidato López (hoy disfrazado de izquierdista). Con ello, en alguna medida, se limita el ejercicio de políticas económicas irresponsables.

Pero el peor error fue de los otros partidos, en particular de Acción Nacional, que por evitar “costos electorales”, decidieron no molestar a López y con ello mandaron a la congeladora toda esta serie de iniciativas que casi acabarían de completar la vacuna que el país tanto necesita contra los gobiernos populistas que tanto han dañado a México. Una vez más los mexicanos fuimos rehenes de los intereses político-electorales de los partidos.

Finalmente vino la propuesta de Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV). La revisión de la misma comenzó hace varios meses. El problema fue que se hizo en lo oscurito y hoy varios medios de comunicación se han puesto en contra de la misma. En efecto, la ley tiene varios aspectos que podrían ser mejorados, pero a la mayoría de los medios esto es lo que menos les importa. Desde hace años ha tratado de modernizarse a la LFRTV, pero sistemáticamente se han opuesto prácticamente todos los medios de comunicación. La razón: en la propuestas se ha insistido en eliminar toda la discrecionalidad que hoy día tiene el gobierno para hacer concesiones en materia de medios (electrónicos ó de papel). Esto significaría de facto la liberación de barreras a la entrada y con ello mayor competencia entre los medios informativos, lo que implicaría también una disminución significativa de las ganancias que hoy día obtienen los concesionarios de medios. Es obvio, cualquier intento de mejorar la competencia entre los medios de comunicación actuales hace que éstos se unan para proseguir obteniendo rentas extraordinarias. Nuevamente, los mexicanos somos rehenes de grupos empresariales a los que les molesta la competencia por que ello inhibe sobre sus ganancias. Como siempre, en materia de comunicaciones, el consumidor es lo de menos.

En los próximos días, amigo lector, seguiremos siendo testigos de cómo los distintos intereses oscuros de grupos políticos y empresariales salen a relucir cuando se trata de crear ó debatir leyes que eliminen sus rentas extraordinarias. A ver si algunos de los políticos modernos y preparados (aunque no lo crea, estimado lector, sí los hay) están a la altura de las circunstancias y no simplemente “se rajan” para no hacerle el juego electoral a los populistas. Si no modernizamos la regulación discrecional que hoy impera en la mayoría de nuestros mercados, no alcanzaremos la soberanía que realmente importa: la soberanía del consumidor.