Uno de los efectos paralelos de la crisis global es el aparente cambio de principios económicos, tanto de analistas como de autoridades. Los objetivos del equilibrio fiscal, o la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, hasta la apertura comercial, parecerían ser más objeto de sueño o fantasía que de realidad económica deseable—algo, como dijo en una entrevista reciente Guillermo Ortiz, para “pasado mañana.”

Ahora, el enfoque del nuevo consenso de Washington son los rescates, de todo tipo y a toda hora, los nuevos programas de gasto, la “reflación” económica, así como nuevas normas para regular la actividad económica cotidiana—sobre todo en el ámbito financiero. En nuestro caso, ha renacido el nuevo consenso (idiota) de legislar la tasa de interés, o de prohibir la especulación. Como si nuestros ilustres congresistas tuvieran acceso a un tipo de conocimiento divino, digno de un arcángel.

El nuevo consenso se entiende, en cierta forma la premisa del “pasado mañana” de Ortiz es inevitable—aun cuando fue el gasto en exceso, el derroche fiscal, lo que propició la crisis actual. Hace poco, los economistas estadounidenses Hart y Zingales publicaron un texto sobre el tema del aparente abandono de principios en la comunidad económica. Los dos dicen en forma muy atinada, que las masivas intervenciones que se han visto en medio de la crisis financiera han aumentado la incertidumbre popular así como la credibilidad del gobierno en su gestión.

Todo esto, según los autores, por la falta de un marco coherente de acción, la falta, de alguna forma, de principios que normen los principios de acción—meta-principios de la política pública de emergencia. El primero es que el gobierno debe intervenir sólo cuando hay una falla bien identificada de mercado (como, dicen ellos, puede ser el caso concreto de la refinanciación de hipotecas); y el segundo, cuando se puede comprobar que los casos de intervención representan un costo mínimo a los contribuyentes.

Claramente, la aplicación de estos principios significa re-evaluar, por ejemplo, las propuestas de rescate financiero a la industria automotriz. ¿Acaso no podrían optar por la alternativa de un concurso mercantil? ¿No sería menos costoso que socializar las pérdidas actuales? ¿No sienta un antecedente para empezar a rescatar, digamos, a empresas de acero, de chicles, de chocolates, de autopartes, chicas y grandes?

Vaya, ¿qué burócrata iluminado decide el tamaño de alguna empresa, y por lo tanto sus credenciales (tamaños) de “rescateabilidad”? Hart y Zingales apuntan al peligro de no contar con una estrategia de principios en los casos de intervención, los casos para pasado mañana. Los propietarios de inmuebles compraron uno u dos u tres bienes raíces bajo una falsa expectativa que jamás habría un ajuste a la baja del valor de esos activos. Este fue, sin duda, un doloroso error financiero. No por ello se debe justificar un rescate, un soporte artificial, de estos activos.

La oportunidad para el nuevo equipo de Obama es singular: ponerle pies y cabeza a los casos de intervención. Igual aquí, deberemos de tener mucho cuidado con los nuevos consensos, y con la nausea de querer legislar toda la actividad económica nacional.

Al rato, hasta capaz y los políticos se creen la letra del artículo 25 constitucional.