A estas alturas del año, se ha vuelto obligatorio comentar sobre los resultados del tratado comercial norteamericano, especialmente ahora que figura como uno de los casos principales en la agenda comercial de la nueva administración de Obama.

Después de quince años, seguimos escuchando las mismas críticas: el tratado adolece de un capítulo agrícola satisfactorio (“whatever that means”), el tratado daña el entorno ecológico, el tratado ocasiona desempleo y lastima los derechos laborales.

En estos, y varios otros casos, hay una corriente de desinformación deliberada, motivada por una combinación de ignorancia, intereses especiales e ideología. Pero los hechos hablan por sí solos: en materia comercial, y en materia de inversión, se han observado aumentos importantes en el volumen de compraventa, y de nueva inversión de capital. En algunos casos, los aumentos han sido explosivos.

Pero más allá de los hechos comerciales, de las pretensiones obamistas, o de la desinformación institucionalizada, destaca la falta de apreciación sobre el verdadero gran valor del tratado norteamericano—es decir, su objetivo de institucionalizar (vía la importación de un régimen de normas tras-nacionales) un régimen de inversión con predictibilidad. En un clima donde se sabe que no habrá cambios bruscos, se puede planear a largo-plazo, tanto en épocas de bonanza, como en épocas de crisis.

El tratado permitió que los agentes económicos, desde empresas internacionales hasta proyectos micro, pudiesen contar con un horizonte de largo-plazo, bajo normas definidas, no sujetas al cambio o el capricho de un gobernante en turno. En el fondo, el tratado comercial fue un instrumento para institucionalizar credibilidad.

Algunos pensamos, hace una generación, que ello impulsaría al gobierno hacia políticas abiertamente impulsoras de la competitividad—por ejemplo, la apertura del sector energético a la inversión privada. Los tratados comerciales, sin embargo, no son camisas de fuerza “doradas.” Pero sí funcionan como instrumentos institucionales que inhiben políticas anti-inversión.

La principal polémica alrededor del tratado es (y seguirá siendo) la migración. El aumento de los flujos de inmigración ilegal no tiene que ver con el mismo, sino con los cambios demográficos en los países miembros, así como la combinación de las fuerzas de demanda laboral (en la economía estadounidense, dada la escases de mano de obra menos calificada) con oferta laboral (la tendencia, muy nuestra, de exportar capital humano, dado el bajo crecimiento promedio de la economía).

A la misma vez, el tratado se ha interpretado, erróneamente, como la solución mágica la final de un proceso de reconstrucción, no como el primero de muchos pasos que se tienen que tomar para incrementar la variable clave de una economía próspera: la productividad.