La comodidad fiscal que ha tenido el gobierno mexicano a lo largo de los últimos 32 años está por acabarse como resultado de la caída en la plataforma de producción y exportación de petróleo. Haber tenido a lo largo de tres décadas una fuente significativa de recursos a través de la explotación de este recurso se reflejó en que se hizo caso omiso en buscar una estructura fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, que se tradujera en finanzas públicas estructuralmente sólidas. En consecuencia, lo que ahora estamos por experimentar es un debilitamiento fiscal que de no corregirse rápidamente se traducirá en un desequilibrio fundamental de las finanzas públicas y un desequilibrio fundamental macroeconómico con los efectos negativos que ello tendría sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población. El gobierno tiene que actuar, con carácter urgente, en tres frentes fiscales: los ingresos tributarios, el gasto y el federalismo fiscal.

Por el lado de los ingresos tributarios es indispensable actuar en dos niveles, aparentemente sin relación. El primero es como tal el diseño del sistema tributario, dado que el que tenemos en la actualidad se traduce en una carga fiscal (ingresos como porcentaje del PIB) que apenas llega al 10%, además de que genera incentivos al trabajo, ahorro e inversión que no están alineados con el objetivo de generación de riqueza y de crecimiento económico sostenido. Por lo mismo, urge una reforma tributaria que consista principalmente en tres rubros: la desaparición del ISR a las personas físicas y su sustitución por el IETU ya sin las consideraciones de la transición, la adopción de un ISR proporcional a las personas físicas junto con un ISR negativo para aquellos individuos cuyo ingreso esté por debajo de cierto nivel y la homogeneización del IVA.

El segundo aspecto por el lado de los ingresos tributarios es la mejora legal y regulatoria a la que se enfrentan las empresas en el país. La carga regulatoria es tan excesiva y tan ineficiente que induce a que una proporción significativa de la actividad económica se lleve a cabo en la ilegalidad lo que se traduce, entre muchos efectos negativos como la baja escala de producción y la obsolescencia tecnológica, en una menor tributación así como menores aportaciones al sistema de seguridad social. Esto último, la solidez financiera del sistema de seguridad social, es muy importante porque ante el envejecimiento paulatino de la población, la estructura tributaria actual hace que sea imposible cubrir las enfermedades crónicas de la tercera edad. Puesto de otra manera, o nos vamos hacia una regulación eficiente de la actividad económica, con el efecto positivo que ello tendría sobre la inversión y el crecimiento y sobre la fortaleza estructural de las finanzas públicas o el país quiebra.

No hacer la reforma tributaria que fortalezca estructuralmente los ingresos del gobierno implicará que, dado que el petróleo se está acabando, en el futuro cercano el gobierno no contará con los recursos para financiar su gasto. Y ahí está el aviso de Standard & Poor’s.