Prometer una estricta responsabilidad fiscal por parte del gobierno es hacer una falsa promesa si al mismo tiempo se propone que el gobierno intervenga determinando precios “favorables” para tales o cuales actividades.

No se pueden tener las dos cosas.

Un ejemplo de este despropósito es la propuesta de algunos políticos –alentados por grupos industriales– de establecer los precios de los energéticos que vende Pemex a la industria “de acuerdo a sus costos de extracción” a despecho de los precios del mercado internacional, es decir: Desdeñando los costos de oportunidad. No se puede exigir que Pemex sea una empresa rentable y, al mismo tiempo, obligarla a funcionar como un dispensario de subsidios a favor de grupos de interés.

Un despropósito similar es el que salta a la vista en el programa del flamante gobierno de Evo Morales en Bolivia, en el cual después de ofrecer finanzas públicas sanas –como propósito genérico- se establece que el gobierno intervendrá en la industria energética para fijar precios, márgenes de utilidad, volúmenes y hasta formas de organización a despecho del mercado internacional.

Igual despropósito es hacer promesas enfáticas de responsabilidad fiscal en México –en algunas propuestas electorales- al tiempo que se promete bajar por decreto los precios de la gasolina o de la energía eléctrica y que se asegura que no se permitirá, bajo ningún motivo, la participación de inversionistas privados en ese sector. Simplemente no se pueden hacer compatibles las tres promesas: Finanzas públicas en orden, precios de energéticos controlados al margen del mercado y mantenimiento del monopolio gubernamental en el área de la energía.

Simplemente, la promesa de responsabilidad fiscal, en este caso, es mentira.

He sostenido, a lo largo de esta serie de artículos, que el saneamiento de las finanzas públicas en México está inconcluso: Persiste una indeseable dependencia fiscal del petróleo que sólo podrá superarse con una reforma fiscal bien hecha que termine con los tratos especiales y privilegios, que siga disminuyendo la tasa del Impuesto Sobre la Renta y que grave con una sola tasa de Impuesto al Valor Agregado a todos –absolutamente todos- los bienes y servicios.

Además, México requiere de un largo periodo de superávit fiscales auténticos para lograr un desendeudamiento neto (de deuda interna y externa a la vez) en el balance fiscal. Este requisito –entre otros- lo pasan por alto las ocurrencias de algunos iluminados (expuestas hace poco en ciertos noticiarios de televisión) que exigen “usar” las reservas de divisas del Banco de México, sin considerar que dichas reservas sólo pueden ser adquiridas por el gobierno mediante desendeudamiento neto (superávit fiscal) y no son sólo una especie de ahorro improductivo.