Es claro, después de más de una década desde la última gran reforma del sistema político mexicano en 1997, que éste no está diseñado para promover el desarrollo económico. Más bien, está diseñado para que los partidos políticos, sus líderes y sus miembros en el poder, sean jugadores que se apropian de rentas y simultáneamente protegen a otros grupos que también persiguen la apropiación de rentas. Tenemos un sistema político en donde los jugadores del sistema político mexicano, sea al nivel federal o a los niveles inferiores de gobierno, estados y municipios, no son responsables por sus actos y de ahí que sea necesario su transformación.

Entre los muchos aspectos que se requieren modificar destacan dos: la reelección de funcionarios públicos electos y la asignación de recursos públicos a los partidos políticos.

Primero, lo relativo a la reelección. En el sistema político mexicano, la ausencia de reelección de funcionarios públicos deriva en que ninguno de ellos, en lo individual, es responsable por sus actos. En el sistema actual, la actuación individual no recibe un premio si ésta se traduce en un mayor nivel de desarrollo o de bienestar, como tampoco experimenta un castigo si con sus actos se entorpece el desarrollo. Como resultado, con el esquema actual, los premios y castigos son para el partido en su conjunto. Si el electorado percibe que las propuestas y actos de gobierno mejoraron su bienestar, es probable que en siguiente proceso electoral el partido sea premiado en las urnas; por el contrario, si el electorado percibe que la actuación de los miembros de un partido en particular promovieron legislación o realizaron actos de gobierno que les redujeron sus libertades individuales y/o repercutieron en un menor nivel de bienestar en el siguiente proceso electoral serían castigados.

En consecuencia, para generar el incentivo para que cada uno de los funcionarios públicos electos actúe de una manera socialmente responsable, tal que ello se traduzca en un mayor nivel de desarrollo económico y consecuentemente en un mayor nivel de bienestar, es necesario permitir la reelección inmediata, incluyendo el Presidente de la República, gobernadores de los estados, presidentes municipales, así como legisladores federales y locales. Ellos, en lo individual, recibirían el premio o el castigo.

La propuesta ya ha sido discutida en el Congreso de la Unión y no ha sido aprobada porque para a los líderes partidistas ello implicaría perder sus rentas. En consecuencia, el sistema de incentivos no está alineado con el objetivo de desarrollo económico.

Segundo, la asignación de recursos públicos a los partidos políticos. Con la restricción presupuestal “dura” que tienen las finanzas públicas mexicanas, la exorbitante cantidad de recursos presupuestarios que se le transfieren a cada partido es claramente ineficiente y hasta insultante. Resulta inaudito que en un país en el cual la ineficiencia del diseño del sistema tributario se deriva en ingresos tributarios estructuralmente débiles, los partidos políticos reciban cada año carretadas de recursos que tienen un significativo costo de oportunidad ya que estos se podrían haber asignado a otros usos como educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera.

Usar el argumento de que ello es necesario para “blindar” a los partidos de contribuciones “indeseables”, particularmente aquellas provenientes del crimen organizado, es en realidad un argumento muy débil y lo que esconde es la actitud de los líderes partidistas tratando de maximizar la apropiación de rentas. De ahí que sea indispensable tomar la decisión de Estado y reducir la asignación presupuestal a los partidos.