Con la colaboración de Edgar Moreno

México es el único país donde se castigan faltas y perdonan crímenes. El escándalo de corrupción del gobernador de Puebla terminó con una investigación de la Corte que no tiene elementos para sancionar; en cambio, la avalancha de declaraciones y descontentos con la intervención del ejecutivo en las elecciones, tuvo como consecuencia un abusivo dictamen del Instituto Federal Electoral que prohíbe la difusión de obras públicas y la participación de ejecutivos federal y locales en eventos de campaña. ¡Vaya puritanismo! No hay razón para que el ejecutivo, como líder natural de su partido, no haga campaña para apoyarlo. Pero no sólo es lógicamente insostenible sino empíricamente inadmisible: las democracias desarrolladas aceptan que los gobernantes en turno participen como promotores de sus partidos en campaña.

La democracia moderna y particularmente la democracia mexicana, se erige sobre la base de los partidos políticos. La ratificada imposibilidad de candidaturas independientes para competir por cualquier puesto de elección popular, confirma que el régimen político mexicano sólo reconoce a los partidos políticos como actores capaces de articular los intereses sociales para formar gobierno. Los representantes populares son y serán, en este escenario, partidistas. Así es y no podemos esperar que sea de otra manera.

El financiamiento de las campañas es mayoritariamente público y administrado central y discrecionalmente por los comités ejecutivos de los partidos. Quienes ocupan oficinas públicas como consecuencia de victorias electorales -ejecutivos y legisladores- fueron postulados por partidos, electos por el ciudadano en buena medida porque representaban proyectos de futuro y experiencias pasadas determinadas por esos partidos que los postulaban. Por qué esperar que una vez electos se desentiendan de quienes los llevaron al poder.

Hay consenso en torno a la censura del desvío de recursos públicos para el apoyo de campañas electorales. Pero ese es un problema de fiscalización que existe aún si el gobierno apoya públicamente o no a su partido. Prohibir la participación mediática de los ejecutivos federal o locales no reduce, en absoluto, el incentivo de un gobierno a transferir recursos a las campañas de sus correligionarios. Sólo una autoridad electoral fuerte y competente puede vencer a la tentación política de apoyar, con lo de todos, las aspiraciones de algunos.

El IFE se ha excedido en sus facultades de árbitro electoral. Su tarea es justamente verificar que todos los contendientes compitan en condiciones de equidad y libertad, que fiscalicen el gasto de los candidatos y garanticen su acceso a los medios necesarios para comunicar sus proyectos, que cuenten los votos bien y verifiquen que cada elector tenga el mismo peso relativo en la elección. Esa es su función y no otra.

Un argumento al que se recurre cuando se combate la participación del ejecutivo en el proceso electoral es que genera inequidad en la contienda. Se dice que la privilegiada tribuna del ejecutivo para publicitar los logros de gobierno, inclinaría la balanza para su partido. Pero justamente es el objetivo de la democracia que los gobiernos sean responsables ante su electorado. Es precisamente el voto que reacciona ante las acciones de gobierno el que limita a los políticos y otorga el poder a los ciudadanos.

Por otro lado, suponen los demócratas puritanos que relacionar al Presidente con su partido le traerá ganancias electorales. ¡Se olvidan de que el elector piensa! Un gobierno impopular le ocasionará más costos que beneficios a un partido político. En última instancia, lo que sucederá es que el elector evaluará las acciones de gobierno, no sólo las que se publicitan sino las que percibe en su vida cotidiana. Tratar de reducir la información con la que el elector tomará una decisión es a todas luces antidemocrático.

La democracia no debe regularse con ideas inocuas sino con instrumentos eficaces. Fortalecer la capacidad fiscalizadora de la institución electoral es más importante que discutir sobre la presencia del Presidente, gobernadores o munícipes en la campaña de sus partidos. La inequidad y la corrupción están en los apoyos económicos que los partidos obtienen de gobiernos municipales, estatales y federal; en el uso político de los programas sociales; en las transferencias que intentan comprar un voto...

Aceptar que el Presidente participe activamente en la campaña de su partido, se hace necesario para aumentar la identificabilidad de la acción de gobierno y con ello, aumentar la capacidad del electorado para sancionar la conducta de los políticos profesionales. En el diseño democrático mexicano los partidos políticos son centrales y deben serlo. En tanto se aumenten los mecanismos que permitan relacionar la acción de los gobiernos con el voto por los partidos, el elector tendrá mayor control sobre sus representantes.

En este último sentido deben incluirse los legisladores, que igual que los ejecutivos ocupan cargos públicos y utilizan su tribuna, el Congreso, para apoyar a sus partidos y sancionar a sus competidores. Nadie los ha limitado y está bien que no lo hagan, también el trabajo legislativo debe verse a los ojos de la labor partidista. En el último de los casos la participación de los gobernantes como promotores de sus programas y equipos no debería estar prohibida.

La consolidación de la democracia mexicana debe dirigirse a la incorporación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas tanto entre poderes y competidores políticos como entre gobernantes y ciudadanos. La discusión en torno a la democracia debe abstenerse de problemas sin sentido y avocarse a los conflictos sustanciales. En el terreno de las elecciones al fortalecimiento de las facultades de fiscalización del Instituto Federal Electoral a fin de que se imponga el principio de elecciones libres y equitativas. Pero sobre todo, la discusión política debe mudarse de manera creciente hacia mecanismos que permitan el control del gobierno en lugar de enfrascarse en el mecanismo de acceso al poder.

Es perfectamente comprensible que los políticos alimentados por su ambición de poder centren sus esfuerzos en la manera en que pueden conseguirlo y mantenerlo. Sin embargo, es penoso que quienes se ostentan como intelectuales, como líderes de opinión, como ciudadanos dedicados a informar a los ciudadanos, caigan en pequeños enredos que les provoca su visión moralina de la política y en cambio, no enfoquen sus esfuerzos al verdadero problema que enfrenta la democracia en México: el ejercicio del poder.

La transición mexicana a la democracia lidió con el problema de elección de quiénes ejercerían el poder. Hoy la trinchera de la consolidación obliga a buscar fórmulas que permitan el control en su ejercicio. No caigamos en discusiones estériles y provocaciones inútiles. El problema de la equidad en las contiendas electorales es un problema institucional de las capacidades del IFE para fiscalizar el gasto de los partidos políticos en una campaña, no otro. Pero seamos capaces de avanzar en el proceso de consolidación democrática: una vez terminada la discusión acerca de cómo conseguir el poder, debe venir la reflexión acerca de cómo controlarlo.