Ayer domingo leímos, en la página electrónica de La Crónica, que “Diputados del PRI, PAN y PRD consideraron inviable que en el corto plazo pueda darse un debate sobre la legalización de las drogas en el país, al coincidir en que los tiempos electorales y el final de la actual administración alejan una discusión franca sobre el tema”, lo cual es preocupante porque uno de los temas que deben tratarse, franca y abiertamente, durante las campañas electorales, y con relación al cual cada uno de los candidatos debe expresar, abierta y francamente, su posición, es precisamente el relacionado con el comercio y consumo de drogas, tema que, en muy buena medida, tal y como ha sucedido con el gobierno calderonista, marcará al gobierno que tome las riendas el próximo 1 de diciembre, y la pregunta es si el asunto marchará en la dirección correcta, lo cual dependerá de los avances hacia la legalización y reglamentación del comercio y consumo de drogas.

“El panista Camilo Ramírez, - leemos en la nota de La Crónica -, aseguró que el debate sobre la legalización de las drogas en México, ‘se dará cuando un sector amplio de la sociedad así lo solicite y no existan inconvenientes que pudieran afectar su desarrollo, como cuestiones electorales’", afirmación absurda, y un tanto cuanto irresponsable, ya que temas como el del consumo y comercio de drogas no es, ¡de ninguna manera!, un asunto de naturaleza “democrática”, que deba tratarse, o no tratarse, según lo soliciten, o no lo soliciten, determinados sectores de la sociedad. El del comercio y consumo de drogas es un tema relacionado, no con lo que la mayoría quiere, sino con lo que cada uno desea (aunque lo que se desee sea objetivamente un mal), no con la voluntad general, sino con los derechos individuales (aunque su ejercicio suponga un daño para el agente), derechos que, si realmente son tales, nunca deben estar (por más que sí puedan estarlo, como de hecho sucede), sujetos a la voluntad general, a lo que la mayoría quiere, siendo el terreno propio de tales derechos el del querer de cada uno, el de la voluntad individual. Es por eso que afirmar, como lo hace el legislador panista, que mientras no haya un reclamo general (¿con qué porcentaje de la población se consideraría ese reclamo lo suficientemente general como para atenderlo?) a favor de la discusión en torno al comercio y consumo de drogas, tal discusión seguirá pendiente, al tiempo que continuarán vigentes, uno, las violaciones al derecho a libertad para comerciar y consumir, ¡actividades que por su propia naturaleza no son delictivas!, y, dos, las consecuencias de la prohibición, comenzando por la violencia hasta llegar al debilitamiento, por obra y gracia de la corrupción y el miedo, de las instituciones del Estado.

Seguimos leyendo en la nota de La Crónica, que “el perredista Arturo Santana aclaró que si bien una parte de su partido ha hecho pública su preferencia por abrir el debate, ‘la declaración de la procuradora Morales (relativa a abrir el debate), no puede ser atendida, ya que el proceso electoral impide una discusión seria’", explicación del por qué no abrir el debate en torno a la legalización y reglamentación del comercio y consumo de drogas que, más que razón, es pretexto, de entrada por lo ya dicho en algún párrafo anterior: si hay algún tema que debe tratarse, con toda la seriedad que el caso amerita, durante las campañas electorales, y con relación al cual los candidatos deben expresar claramente su postura, ese tema es el del comercio y consumo de drogas, consumo y comercio que, desde el punto de vista moral, es por demás cuestionable, pero que, ¡y en esto hay que insistir!, no son actividades delictivas por su propia naturaleza, es decir, no suponen conductas que violan derechos de terceros, como lo son matar (violación del derecho a la vida), secuestrar (violación del derecho a la libertad), robar (violación del derecho a la propiedad). Insisto: una de las discusiones durante el proceso electoral debe ser la relacionada con el comercio y consumo de drogas. Debe ser tema de debate entre los cuatro candidatos.

Por su parte, seguimos leyendo en la nota de La Crónica “el priista, Alfonso Navarrete Prida, aseveró que la decisión de legalizar los estupefacientes ‘tendría que ser hemisférica’”, siendo tal intención - que la decisión en torno a la legalización y reglamentación del comercio y consumo de drogas sea hemisférica -, uno de los principales pretextos para, ni siquiera, discutir seriamente tal posibilidad, teniendo claro que un pretexto es un motivo aparente para justificar, tramposamente, el hacer, o no hacer, algo. En este sentido el argumento más socorrido es que, mientras en los Estados Unidos no se legalice y reglamente el comercio y consumo de drogas, hacerlo en México resultaría contraproducente, entre otras razones (en realidad pretextos), porque todos los que consumen drogas en los Estados Unidos se vendrían a consumirlas a México, afirmación que resulta absurda, de entrada, por dos razones (ahora sí: razones). Primera: pueden consumirlas perfectamente bien, ¡tal y como lo hacen!, en los Estados Unidos. ¿O no? Segunda: por los costos que supone, para alguien que vive en Seattle trasladarse a Tijuana para poder drogarse con todas las de la ley (aunque la situación sería distinta, obviamente, para quien vive en San Diego).

Relacionado con el tema, lo leemos en otra nota de La Crónica, Gabriel Quadri “consideró una ‘traición a la patria’ el declinar la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y al mismo tiempo demandó abrir el debate en todos los niveles sobre la posibilidad de legalizar el uso, transporte y comercialización de la mariguana”, consideraciones y demanda que bien valen tres comentarios. Primero: la tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es, hasta donde resulta humanamente posible (¿o debo decir: gubernamentalmente viable?), garantizar la seguridad contra la delincuencia, por lo que, desde este punto de vista, resulta absurdo acusar al gobierno de luchar contra la delincuencia, lo cual es tanto como culparlo de llevar a cabo las taras a las cuales, por ningún motivo, debe renunciar. Segundo: aceptado que la tarea esencial del gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia, hay que tener muy claro que el comercio y el consumo de drogas no son actividades delictivas por su propia naturaleza, siéndolo sólo porque las leyes, de manera por demás arbitraria, las definen como tales, lo cual hace de las mismas leyes injustas. Tercero: ¿por qué limitar el debate a la legalización y reglamentación de la mariguana y no incluir, de una buena vez por todas, todas las drogas? El asunto de la legalización y reglamentación del comercio y consumo de drogas, ¿tiene que ver con la libertad individual, reconociendo que solamente la persona debe decidir qué consume y qué no, o tienen que ver con qué drogas sí, y qué drogas no, el gobierno le permite consumir al individuo? ¿Se trata de un tema casuístico - qué sí y qué no - o de un asunto de principio – sí o no, independientemente del qué -?

El perredista Santana Alfaro, insistió al señalar que "no existen las condiciones para meternos al tema de la legalización de las drogas, siempre hemos hecho hincapié que estamos de acuerdo en el debate, en abrir los foros de debate, pero creo que esta coyuntura se inscribe por temas electorales", debate en torno a la legalización y reglamentación de las drogas que, por lo que está involucrado (la violación de los derechos individuales), y por sus consecuencias (la violencia, la corrupción y el miedo), debe de ser parte central de las campañas electorales, y los electores debemos exigir que así sea. No es poco, ni poco importante, lo que está en juego.