Si mal no recuerdo fue David Hume, tal vez inspirado en algo que ya había dicho Cicerón, quien dijo que lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, de tal manera que el verdadero gobierno depende, no del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, siendo más importantes los diputados y senadores que el presidente de la república (así, con minúsculas, para evitar tentaciones) y sus secretarios de Estado, algo que no debemos olvidar, mucho menos cara a los próximos comicios, en los cuales elegiremos, no sólo presidente de la república, sino senadores y diputados, de quienes dependen las leyes, de las cuales depende el gobierno propio del ser humano, que es el gobierno de las leyes justas, sin olvidar que el reto al que nos enfrentamos es, ¡precisamente!, que las leyes sean justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos naturales del ser humano a la vida, la libertad y la propiedad, momento de distinguir entre derechos e intereses, distinción que me lleva al tema central de este artículo: la tarea que deben desempeñar los legisladores.

Se dice que los legisladores son los representantes de los ciudadanos, afirmación ante la cual hay que hacer dos preguntas: 1) ¿realmente lo son?; 2) si realmente lo son, ¿deben serlo? Las respuestas, respectivamente, son: 1) en algunos casos sí, en otros no; 2) no. El que la respuesta a la segunda pregunta sea no implica que en aquellos casos, relacionados con la primera pregunta, en los que los legisladores sí son representantes de alguien no deberían serlo, afirmación ante la cual debemos preguntar ¿por qué no?

Para responder hay que comenzar por tener claro qué supone ser representante de alguien, para lo cual ayuda tener clara la definición: representante es la “persona que representa a un ausente”, siendo que representar se define como “sustituir a alguien o hacer sus veces”, momento de preguntar, con relación a los legisladores, ¿con qué fin hacen las veces de sus representados? Dado que son legisladores la respuesta es: con el fin de redactar y promulgar leyes, respuesta que plantea la pregunta de fondo: redactar y promulgar leyes ¿para qué?, pregunta que, de entrada, tiene dos posibles repuestas: para garantizar derechos o para defender intereses, respuesta que, a su vez, nos plantea el siguiente interrogante: para qué deben redactarse y promulgarse leyes, ¿para garantizar derechos o para defender intereses?

Si las leyes han de ser justas, ¿y de qué otra manera deberán ser?, las mismas deben redactarse y promulgarse para garantizar derechos, no para defender intereses, ya que, para empezar, las leyes que defienden intereses violan la libertad individual de terceros, siendo por ello leyes injustas. Pongo de ejemplo la Ley Damm, que será la que me otorgue el monopolio de las conferencias de economía en el país, de tal manera que, ¡por ley!, nadie más que yo podrá ir por la patria ejerciendo el noble oficio de conferencista, lo cual, de entrada, violará el derecho a la libertad para trabajar de todo aquel otro economista que quiera dedicarse a tan ilustre quehacer y, de salida, violará la libertad de elección de todo aquel que desee escuchar una conferencia de economía, ya que, por obra y gracia de la ley que llevará por nombre mi apellido, en la materia no habrá más que de una sopa, ¡la mía!, quedando sólo la libertad de decidir – quiero o no quiero una conferencia de economía -, pero no la libertad de elección – quiero éste conferencista en vez de aquel otro -.

Llegados a este punto preguntémonos lo siguiente: ¿por qué quiero que se promulgue la Ley Damm? Porque así conviene a mis intereses y, para puntualizar, porque así conviene a mis intereses pecuniarios. Si la ley me mantiene al margen de la competencia, y con la única condición de que cuide la calidad de mis conferencias, de tal manera que sigan teniendo demanda, yo podré cobrar más de lo que cobro, y eso, ¡precisamente!, es lo que conviene a mis intereses pecuniarios: obtener una renta, definida como la diferencia entre el precio que cobraría si estuviera sujeto a la competencia y el que cobro por no estarlo, y por no estarlo por estar protegido de la competencia por una ley, ¡la Ley Damm!

Dicho lo anterior, ¿qué demando yo de mi representante en el Congreso de la Unión? Que represente mis intereses, y que haga todo lo que esté a su alcance para que se redacte y promulgue la Ley Damm, no con el fin de garantizar derechos (yo no tengo el derecho al monopolio, ¡por concesión legal!, de las conferencias de economía en el país), sino con el objetivo de defender un interés (el interés pecuniario que tengo de cobrar lo más posible). Yo lo que quiero es que mi diputado y mi senador representen, en el Congreso de la Unión, mis intereses pecuniarios o, dicho de otra manera, yo lo que quiero es que esos legisladores defiendan esos intereses, y que lo hagan por medio de la redacción y promulgación de la Ley Damm.

La gran mayoría de los ciudadanos no estamos representados en el Congreso de la Unión, teniendo representación los grupos de interés pecuniario organizados, tanto del mundo de la empresa, como de los sindicatos, como del corporativismo, por mencionar algunos, grupos de interés que tienen, literalmente, sus representantes que, más que garantizar derechos, lo que hacen es defender intereses, lo cual se traduce en leyes injustas, que, por defender esos intereses pecuniarios, violan derechos de terceros, desvirtuándose la tarea del legislador y el fin de la ley.

El que sólo una minoría, la de los grupos de interés pecuniario organizados, esté representada en las cámaras legislativas, ¿quiere decir que todos los ciudadanos deberíamos de estar representados, y estarlo en función de nuestros intereses, comenzando por los pecuniarios? No, y ello por la siguiente razón: el fin de las leyes, sobre todo si han de ser justas, y por ello la tarea de los legisladores, sobre todo si han de actuar con justicia, debe ser garantizar derechos, no defender intereses, ¡mucho menos pecuniarios!, derechos que, si realmente son tales, son universales, intereses que, sobre todo si son los pecuniarios, siempre son particulares.

En el Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, la tarea de los legisladores debe ser redactar y promulgar leyes que garanticen derechos, no que defiendan intereses, para lo cual hay que tener muy clara la diferencia y evitar a toda costa la identificación de los segundos – intereses -, con los primeros – derechos -, identificación que es el primer paso, que en México dimos hace mucho, para hacer del Estado de Derecho un Estado de chueco.

De todos los políticos que aspiran a un curul, ¿cuántos tienen clara la diferencia entre garantizar derechos y defender intereses? Cuántos secundarían la exclamación de Bastiat quien, al darse cuenta de la degeneración de la ley, apuntó: “La ley, ¡pervertida! La ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar su objetivo lógico. ¡La ley, convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno!”